Los jueces son el órgano idóneo para investigar los casos de corrupción pues, a diferencia de los fiscales, gozan de independencia funcional y, por tanto, son menos susceptibles de recibir presiones.
Así lo señaló el magistrado Eloy Velasco en la mesa redonda sobre corrupción e independencia judicial, organizada por el Club Siglo XXI y la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid) y en la que también se presentó el libro “La Justicia amordazada” del magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica de la Independencia Judicial, Jesús Villegas.
En el acto intervinieron también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega y Juan Gonzalo Ospina, presidente de AJA-Madrid.
La investigación de los delitos
Según Jesús Villegas, la investigación de los delitos de corrupción debe ser una actividad independiente, no solo autónoma, desligada de la influencia de los partidos políticos y de cualquier otra forma de poder.
La dirección de esta investigación debe correr a cargo de una autoridad pero, en su opinión, esta no debe ser la misma fiscalía que después va a ser responsable de la acusación, pues en coherencia con el principio de que el Juez que instruye no puede juzgar, el fiscal que investigue no podría después acusar.
Sin embargo, es evidente, señaló, que la clase política considera que conviene que la investigación de estos delitos la lleven los fiscales, pues, dada su estructura, lo consideran un órgano controlable (lo cual, desde luego, es un criterio altamente ofensivo para estos profesionales).
Según añadió Eloy Velasco, el problema es que los fiscales tratan de ser independientes, pero por su estatuto orgánico no lo son. Esto no ocurre con los jueces y por ello, la investigación de un juez puede llegar más lejos que lo que lo puede hacer la fiscalía en otros países de nuestro entorno en los que son responsables de la investigación.
Los elementos esenciales de la investigación judicial
Jesús Villegas enumeró los que en opinión son los elementos esenciales de toda investigación criminal: verdad, independencia y respeto.
El objetivo de la investigación es la búsqueda de la verdad. La investigación debe correr a cargo de jueces independientes, que solo se deben a la ley. Esta búsqueda tiene como límite los derechos humanos de las personas investigadas.
También, en la medida de lo posible, deben ser independientes de lo que denominó “sus demonios internos” y las presiones.
Los plazos de instrucción
Otro problema diferente, apuntó Velasco, es el de los plazos de instrucción.
“Dividiendo el número de asuntos que debe instruir un juez entre los días laborables de un año, resulta que el tiempo que se puede dedicar a cada asunto es medio día. Obviamente un asunto complejo no se puede estudiar en medio día.”
Y este problema se ha agudizado por la reciente reforma de la LECrim en 2015, que calificó de “Ley estrés”, por la brevedad de los plazos que establece para la instrucción sumarial.
“Los derechos de los ciudadanos, destacó, requieren que se les dedique más de medio día.”
Es un problema similar al de la carga de trabajo de los jueces, en cuanto a las sentencias que dictan al cabo de año. “Una sentencia no es una cuestión de números, de cuantas se pueden llegar a dictar en un año, se trata de resolver un problema real de un ciudadano, tal como este se merece”.
La acusación popular
En relación también con las partes que pueden impulsar la acción contra los responsables de la corrupción, Eloy Velasco señaló que la acusación popular ha mostrado su eficacia a lo largo del tiempo, a pesar de que últimamente se hayan detectado algunos posibles casos de abusos.
En su opinión, estos casos no se deberían utilizar para atacar con carácter general la figura de la acusación popular, a la que señaló como particularmente útil en aquellos casos en que la Fiscalía "ha mirado para otro lado".
El alcance social de la corrupción
Por su parte, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, apuntó cómo la corrupción genera una continua sensación de asombro y hastío entre la ciudadanía. Y la lentitud de la respuesta judicial a la misma, junto con las bajas penas que suelen recaer sobre los procesados, aumentan esa sensación de malestar social.
Sin embargo, continuó, la Justicia funciona, es independiente y los procesados frecuentemente acaban siendo condenados. Por ello expresó su confianza en que este tsunami que estamos viviendo sirva como vacuna para que en el futuro los ciudadanos rechacen todas las formas de corrupción.
Para ello es necesario que la lucha contra la corrupción comience desde las escuelas y las familias, única forma de asegurar que las nuevas generaciones crezcan sin considerarla algo aceptable o inevitable.
La limitación del acceso a la prueba
En la mesa intervino también el presidente de AJA-Madrid, Juan Gonzalo Ospina, quien señaló los tres problemas principales de la Justicia para perseguir la corrupción: el exceso de politización y la consiguiente carencia de voluntad política para abordar el problema; una legislación procesal que por antigua, no ha sabido adaptarse adecuadamente a los nuevos tiempos y una endémica carencia de medios.
En cuanto a la legislación, mencionó como principal obstáculo a la propia LECrim, por limitar el acceso a la prueba que solicitan tanto acusación como defensas. Esto, en su opinión, determina que en ocasiones no resulten condenadas personas que deberían serlo y, por el contrario, que en otras resulten condenadas personas que no deberían serlo.
Igualmente se refirió al problema de la investigación penal, atribuida al Juez por la ley pero que, en su opinión, en realidad es llevada a cabo por la policía, que a su vez depende del Ministerio del Interior, que es un órgano político, con el consiguiente riesgo para la división de poderes.
