El comité de personas expertas presentó la semana pasada a la Ministra de Igualdad el informe sobre la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en España y las propuestas para una nueva regulación.

En el documento se propone la necesidad de sustituir el actual sistema que contempla la penalización de la IVE salvo en tres excepciones, por una ley que combine plazos con indicaciones, similar a la mayoría de países de la Unión Europea y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas.

En este sentido, el informe plantea una ley de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en torno a las primeras 14 semanas de gestación y hasta la semana 22, en dos supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la intervención.

Aído señaló durante la presentación, que “no se trata de hacer una Ley más permisiva. Se trata de hacer una ley más segura”. “Se trata –dijo- de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos. También de proteger la vida del no nacido, cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre. Y también de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad”. “Desde cualquier perspectiva, será mejor Ley que la actual”, concluyó la ministra.

El comité de personas expertas considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que en ningún caso las mujeres que deciden interrumpir su embarazo podrán ser castigadas con penas de prisión.

Por otra parte, el Comité recomienda reconocer la autonomía en la decisión a las jóvenes partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores.

Asimismo, plantean que la objeción de conciencia no suponga un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud ya sea en la red pública o concertada.

Por último, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la IVE debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.

Para ello, los expertos consideran necesario mejorar la calidad de los actuales servicios de atención a la salud sexual como un servicio público disponible para toda la ciudadanía.

Este comité de personas expertas se constituyó el pasado 4 de septiembre. Ha trabajado durante los últimos seis meses, y en él han participado personas de reconocido prestigio en el ámbito sanitario y jurídico.