La Proposición no de Ley presentado por el grupo parlamentario de Ciudadanos referida a un pacto de estado por la Justicia (Proposición no de Ley para la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia, por su nombre oficial), ha sido rechazada por  el Pleno del Congreso por 169 votos en contra, frente a 165 votos favorables y 4 abstenciones.

La propuesta, que formaba parte del pacto suscrito en agosto pasado por PP y C’s para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, solo ha contado con el apoyo de ambas formaciones, pues todas las demás se han opuesto (las cuatro abstenciones corresponden a un diputado del PSOE, posiblemente por error, y a tres diputados vascos del Grupo Mixto)

Contenido de la propuesta

El contenido inicial de esta proposición no de ley, posteriormente revisada con el PP y objeto de enmienda por el propio grupo proponente a comienzos de octubre,  pretendía el compromiso del Congreso con una “firme voluntad de mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia”, e instaba al Gobierno “a la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia”.

Según la misma propuesta, este pacto debería incluir “al menos”, las siguientes medidas: 

- Dotar suficientemente las partidas presupuestarias destinadas a la Justicia y fomentar la especialización. 

- Asegurar mediante las modificaciones legales necesarias la independencia de la Justicia, y concretamente despolitizar la elección de: Los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder judicial, que deberán ser elegidos por jueces y magistrados; las altas magistraturas tales como los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de la Audiencia Nacional y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y del Fiscal General del Estado, aumentando los años de ejercicio necesario y haciendo incompatible su elección con el ejercicio anterior de un cargo político o administrativo. 

- Reformar el Tribunal Constitucional para asegurar su independencia mediante un estricto sistema de incompatibilidades. 

- Restringir las "puertas giratorias" entre la Justicia y los cargos políticos. 

- Invertir de manera específica en un plan de desarrollo de la administración electrónica, con un sistema tecnológico avanzado y coordinado en todas las CC. AA. 

- Aumentar el número de jueces por habitante, acercándonos al ratio medio de Europa. 

- Acometer una restructuración del funcionamiento de los Juzgados que asegure un modelo más ágil y efectivo, así como de los procedimientos judiciales y alternativos de resolución de conflictos, que lo requieran." 

La oposición achaca falta de diálogo

En el debate en el Pleno, los grupos de oposición han mostrado su oposición a la Proposición no de Ley, achacando a sus proponentes falta de enfoque sobre los temas reales de la Justicia y de diálogo con el resto de grupos para recoger sus diferentes propuestas.

Así, por parte del PNV  el señor Legarda Uriarte rechazó la propuesta tanto “por la metodología sugerida,  por los diagnósticos y principios contenidos en la propuesta y por la actitud de su proponente, dicho sea en términos parlamentarios. Consideramos que este documento es más de discordia que de concordia.”

El grupo de ERC declaró por boca de su portavoz, la señora Capella i Farré que “su proposición no de ley está cargada de buenas intenciones. Compartimos su espíritu, pero —ya se lo he dicho— obedece más a su voluntad de aparecer como primus inter pares, que a servir efectivamente al objetivo noble de la reforma de la Administración de Justicia.”

Por parte del grupo de Podemos, el diputado Santos Itoiz señaló que “ustedes no están realmente interesados en hacer una lista de tareas para abordar la justicia como servicio público”, por ello en esta propuesta “faltan medidas de servicio público, mezclan los problemas con las recetas y no dialogan.”

Y el PSOE, por boca de Jesús Campo, acusó a los proponentes de ofrecer  “un contrato de adhesión bajo la fórmula del aparente consenso”, lo cual considera que “no es buen método de trabajo”. Sobre el tema concreto de la elección de los miembros del CGPJ añadió: “hablar de la independencia judicial y del Consejo General del Poder Judicial es equivocado, en el Poder Judicial cada juez tiene que ser independiente y lo es en la medida en que juzga y hace ejecutar lo ejecutado” y concluyó  “no olviden una cosa: las Cámaras no eligen a los miembros de la carrera judicial que desean; los eligen entre aquellos que los jueces han seleccionado previamente.”

Dado el resultado obtenido por esta propuesta, el de las futuras votaciones sobre las medidas concretas para implantar cada una de estas medidas parece incierto.