El evento, que será inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; el presidente de honor de Garrigues, Antonio Garrigues Walker; y el presidente de Cumplen, Carlos Saiz, consistirá en una jornada y media de duración con la presencia de algunos de los miembros más destacados en materia de ‘compliance’.
Se abordarán cuestiones como el cumplimiento normativo en el sector público, la figura del ‘compliance officer’ en el mundo anglosajón, los programas y políticas anti-corrupción, o el papel de jueces, tribunales y fiscales en la configuración de esta nueva práctica. También se estudiarán cuestiones relativas a la investigación interna en el marco de la responsabilidad penal corporativa o el impacto reputacional en los riesgos de ‘compliance’. Además, durante el congreso, se presentará el ‘Estatuto Profesional del Compliance Officer’, de la mano de varios directivos de la asociación Cumplen.
Este evento tiene como objetivo reunir a un conjunto de profesionales del ‘compliance’ de distintas entidades tanto privadas como públicas, así como a profesionales de la judicatura, la fiscalía y el ámbito universitario.
Todo ello permite abordar con una visión global los temas de actualidad en el área de cumplimiento tanto a nivel sectorial (empresa, sector público, judicatura, fiscalía, etc) como temático (investigación, formación, ISO 37001, UNE 19601, impacto reputacional, protección de datos o implantación de programas).
La herramienta definitiva para identificar riesgos penales
Este congreso cuenta con el patrocinio de Wolters Kluwer, compañía global líder en el mercado de soluciones de gestión y servicios de información, formación y software para profesionales, que, entre sus servicios, cuenta con Complylaw , la herramienta definitiva para identificar y gestionar los riesgos penales de una organización.
Complylaw, que estará presente en el congreso con un stand al que podrán acceder los interesados, permite centralizar los procedimientos y supervisar el estado de cumplimiento del marco normativo penal. Además, facilita y simplifica el reporte del estado de cumplimiento para la evaluación de riesgos y toma de decisiones. También minimiza el impacto de los riesgos penales derivados del incumplimiento ante inspecciones o denuncias, sirviendo como prueba atenuante o, incluso, eximente.
