Si el año pasado celebrábamos un importante aniversario, el 30 aniversario de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), que coincidió con el 20 aniversario de Noticias Jurídicas, en unos días, concretamente el día 25 de marzo de 2017, se cumplirán 60 años desde que los primero países europeos firmaron el primer Tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea: el o los Tratados de Roma, que supuso la creación de un espacio de mercado común. A partir del Tratado de Maastricht, la CEE se convertía en la Comunidad Europea, lo que expresaba la voluntad de los Estados miembros de ampliar las competencias comunitarias a ámbitos no económicos.

Pues bien, de ese "derecho primario" del que se fueron dotaron los países firmantes, ha derivado todo el cuerpo legislativo que actualmente rige la actividad empresarial e incluso las relaciones privadas de los ciudadanos europeos, el conocido como "derecho derivado" (integrado por reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes).

"Muchos españoles no son conscientes de que más de la mitad de las normas jurídicas que se implantan en nuestro ordenamiento vienen de Bruselas, donde se desarrolla además una buena parte de la actividad de los miembros de cualquier gobierno de los (por el momento) veintiocho", tal y como nos cuenta José Carlos Fernández Rozas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

A raíz de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas suelo (sentencia de 21 de febrero de 2016), a todos nos suena la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, pero es preciso un continuo esfuerzo de reciclaje y formación en este ámbito, dado que la producción de normativa en la UE es continua.

En Noticias Jurídicas queremos ayudar a reforzar el conocimiento del Derecho de la UE, poniendo a disposición de todos nuestros seguidores más de 3.000 nuevas Directivas y Reglamentos publicados en el Diario Oficial de la UE.

No hay que perder de vista que el derecho europeo es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, aplicable por los operadores jurídicos y exigible por los justiciables. Sus normas están presentes en casi todos los ámbitos del derecho; existen hasta 32 ámbitos de actuación en la legislación de la UE, desde los derechos humanos fundamentales, pasando por derechos de los consumidores, seguridad alimentaria, sociedad de la información, así como fiscalidad y economía.

Los profesionales jurídicos, abogados, jueces, tienen la obligación de conocer y aplicar el derecho de la UE. No olvidemos que el Juez nacional dejará de aplicar la norma nacional si esta contradice una norma comunitaria.

Un caso muy reciente sobre la importancia de invocar el Derecho de la UE la encontramos en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. En ella, el alto tribunal reconoce que un detenido tiene derecho de acceso al expediente policial abierto, pues es un derecho exigible conforme a lo establecido en el art. 7 de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, pese a que ésta aún no había sido incorporada al ordenamiento jurídico español en el momento de los hechos (la Directiva fijaba como fecha límite para su transposición el 2 de junio de 2014). El abogado de oficio que llevaba la defensa, recurrió en amparo porque consideró que la detención de su cliente no se había llevado a cabo con todas las garantías (se le había negado el acceso al expediente policial). El Tribunal Constitucional le dio la razón en base a la citada Directiva.

¿Cuál es el contenido del Derecho de UE?

En el sentido estricto del término, el Derecho de la UE se compone de los Tratados constitutivos (Derecho primario) y de las normas contenidas en los actos aprobados por las instituciones europeas en aplicación de dichos Tratados (Derecho derivado, es decir los Reglamentos, Directivas, etc.).

En sentido amplio, el Derecho de la UE engloba el conjunto de las normas de Derecho aplicables en el ordenamiento jurídico de la UE. Por tanto, se trata también de los derechos fundamentales, los principios generales del Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, el Derecho que se derive de las relaciones exteriores de la UE y el Derecho complementario originado en los actos convencionales celebrados entre los países de la UE para la aplicación de los Tratados.

Prevalencia del Derecho de la UE

Por otra parte, las normas comunitarias de la Unión Europea tienen el carácter de normas supranacionales y por ello prevalecen sobre las de derecho interno. El artículo 5 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea obliga a los poderes públicos a inaplicar las normas nacionales incompatibles con las normas comunitarias. No solo los Tratados Constitutivos son la norma suprema del derecho comunitario, sino también los actos normativos emanados de las Instituciones comunitarias tales como los Reglamentos o las Directivas. Los primeros, que constituyen el equivalente de la ley o el reglamento en el derecho estatal, son obligatorios para todos los Estados miembros y para los particulares; es decir, son de general aplicación con tal de que hayan sido publicados en el Diario oficial de las Comunidades Europeas. Las Directivas por su parte son obligatorias únicamente respecto del resultado a alcanzar ya que se trata de normas a las que los Estados miembros deben adaptar su legislación interna mediante la llamada transposición. No son por tanto las Directivas susceptibles de aplicación directa en cada uno de los Estados miembros.

Deben así mismo tenerse en cuenta como fuente del derecho comunitario las denominadas Reglas de derecho internacional incorporadas al mismo, la costumbre internacional que constituye una fuente de especial trascendencia y los principios generales de derecho internacional que gozan de menor importancia.

Transposición obligatoria

Mientras que los reglamentos y las decisiones adquieren automáticamente carácter vinculante en toda la UE a partir de su fecha de entrada en vigor, las directivas tienen que ser incorporadas a la legislación nacional por los Estados miembros de la UE. Para que una Directiva surta efecto a escala nacional, los países de la UE deben adoptar una ley que la incorpore. Esta medida nacional debe ajustarse a los objetivos establecidos por la Directiva. Las autoridades nacionales deben comunicar estas medidas a la Comisión Europea.

Los países de la UE tienen margen de maniobra en este proceso de transposición, lo cual les permite tener en cuenta las características nacionales específicas. La transposición debe producirse en el plazo establecido cuando se adopta la Directiva (generalmente en dos años).

Cuando un país no transpone una Directiva, la Comisión puede incoar un procedimiento de infracción e instruir un procedimiento contra el país ante el Tribunal de Justicia de la UE (el incumplimiento de la sentencia dictada con este motivo puede derivar en una nueva condena que puede concluir en la imposición de multas). Además puede ser aplicado directamente por nuestros tribunales (es el conocido como "efecto directo" de la legislación europea que precisa de una serie de requisitos).

La interpretación del Derecho de la UE

Los jueces y tribunales españoles han acudido frecuentemente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para consultar ; así se desprende de las 390 cuestiones prejudiciales planteadas entre 1986 y 2015 de las cuales corresponden una al Tribunal Constitucional, 61 al Tribunal Supremo y 328 al resto de órganos jurisdiccionales y similares.

Así mismo, durante estos años, nuestro país ha tenido que responder en 244 recursos por incumplimiento.

No podemos dejar de subrayar que España ha sido origen de decisiones de amplio impacto y tan importantes para los derechos de los ciudadanos de la Unión como la sentencia sobre el derecho al olvido o sentencia Google. Además, recientes decisiones del Tribunal de Justicia han provocado que el legislador nacional realice modificaciones de alcance social, como la famosa sentencia sobre las cláusulas suelo de 21 de diciembre de 2016.

FUENTE: EUR-Lex