El Puesto Fronterizo Adolfo Suárez-Madrid Barajas, ha recibido en los meses de julio y agosto un aluvión de solicitudes de protección internacional, según señalan el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Esta situación provocó, tal y como exponen ambas instituciones, que desde el inicio del mes de julio, el Ministerio de Interior autorizara la entrada de numerosos solicitantes de asilo una vez formalizada su petición de protección internacional sin esperar la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio, en ocasiones siendo admitidos por la misma Oficina y en algunos casos mediante la autorización de entrada sin haber formalizado su solicitud de protección.

Por otra parte, en otras ocasiones la Oficina resolvió en el plazo legalmente establecido las solicitudes de protección internacional, por lo que muchas de las solicitudes fueron finalmente denegadas. Asimismo confirman que todas las solicitudes formuladas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Asilo, fueron comunicadas al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

La Terminal T1 del aeropuerto de Barajas ha sido destinada en los últimos meses a alojar a los solicitantes de protección internacional. Ante el visible deterioro de la terminal, CEAR interpuso queja ante la oficina del Defensor del Pueblo el 28 de julio de 2017, lo cual propició la visita de la oficina del Defensor del Pueblo a dichas instalaciones.

CEAR e ICAM se quejan de que a pesar de las recomendaciones periódicas realizadas por el Defensor del Pueblo a la Administración Española sobre las carencias endémicas, tanto en la gestión del procedimiento como en las condiciones de los solicitantes de asilo en el Aeropuerto de Barajas, y habiéndose cuadriplicado las peticiones de asilo en dichas dependencias en el último año, la situación dista mucho de mejorar y sí, de ir a peor. 

Asimismo en su comunicado enumeran los problemas estructurales que persisten:

- Confusión en ocasiones en la asignación letrada. No se comprueba la opción elegida por el solicitante (abogado de oficio, particular, organizaciones).

- Falta de información, comunicación y notificación a los defensores sobre las actuaciones y resoluciones dictadas.

- Dificultades para coordinar la presentación de los reexámenes.

- Falta de notificación de las denegaciones a los representantes de los solicitantes, así como del momento en que se produce la devolución de los mismos al país de origen.

- Falta de colaboración en la entrega y notificación de resoluciones (e incluso denegación de entrada) por parte de la propia Oficina de Asilo a los representantes legales.

Por último advierten de que no se trata de una situación puntual y que por ello solicitan a los poderes públicos una respuesta adecuada a este desafío mediante la colaboración estrecha de todos los agentes implicados (Organismos internacionales, Organizaciones especializadas, Organizaciones civiles, abogados, interpretes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Magistratura, etc…) para poder definir de una forma clara el rol de cada uno de estos operadores en dicho procedimiento a fin de garantizar la legalidad y el escrupuloso respeto de los Derechos de todos los solicitantes de protección internacional.