No procede la declaración mediante videoconferencia. Esta es la decisión de la juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos denunciados en la querella presentada contra Puigdemont y todos los exmiembros del Govern de Cataluña. Por ello ha dictado orden de detención y entrega del expresident y de los exconsejeros que se encuentran en Bélgica, que ya ha sido cursada.
La juez les imputa delitos de rebelión, sedición y malversación, prevaricación y desobediencia y justifica la medida porque ninguno de los investigados ha explicado los motivos que les asisten para declarar mediante videoconferencia, "ni si quiera señalan su domicilio en Bélgica", señala Lamela. Se trata de cinco querellados, indica, que han formado parte del Govern y "por tanto tienen su domicilio en España", país del que han salido para eludir sus responsabilidades con la justicia. El artículo 10 del Convenio de asistencia judicial en materia penal invocado por los investigados y el art. 38 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, se refieren a "aquellos reclamados que residan en el Estado de ejecución", pero no "para quien se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales de su Estado"
Por cada uno de los investigados, ha dictado dos autos, en uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, y, además, dicta una orden de busca y captura nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, en caso de que salieran de Bélgica.
