La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado este miércoles el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” en el que destaca entre otros datos que el número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año fue de 11.581, lo que supone una disminución interanual del 4,7 %.

Asimismo, el 60,2 % de esos lanzamientos, 6.969, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 4.063 –el 35,1 %- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 549 restantes obedecieron a otras causas.

El informe, señala además que por noveno trimestre consecutivo han disminuido interanualmente los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias,  bajando un 18,7 % respecto al tercer trimestre de 2016. Por el contrario, los lanzamientos derivados de la LAU han aumentado un 4,2 %.

Cataluña, con 2.545, el 22 % del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre, seguida por Andalucía con 1.982, la Comunidad Valenciana con 1.463 y Madrid con 1.255. Estos cuatro territorios sumaron el 62,6 % de todos los lanzamientos practicados en España en el periodo estudiado.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también aparece Cataluña en el primer lugar, con 1.674; seguida por Madrid, con 1.003; Andalucía, con 924; y la Comunidad Valenciana, con 788. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza la Andalucía, con 943; seguida por Cataluña, con 701; la Comunidad Valenciana, con 647; Murcia, con 320; y Madrid, con 223.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2017 fue de 12.840, un 0,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 8.025 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 4,5 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas bajan un 39,3 %

El número de ejecuciones hipotecarias, 5.518, disminuyó un 39,3 % respecto al tercer trimestre de 2016. Se observan descensos interanuales en todas las comunidades salvo en Cantabria, Murcia y el País Vasco. Además, la disminución en superior al 50 por ciento en Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Andalucía con 1.329 que supone el 24,1 % del total nacional, seguida por Cataluña con 784, la Comunidad Valenciana con 751 y Madrid y Murcia, ambas con 490.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2017, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 1.645, lo que supone un incremento del 3,3 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total de concursos, 487 correspondieron a personas físicas no empresarios, un 45,4 más que en el tercer trimestre del año pasado. Los otros 1.158 fueron presentados en los Juzgados de lo Mercantil y son un 7,9 % menos que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016.

Cataluña sigue siendo la Comunidad Autónoma con más concursos presentados por personas físicas. Los 141 presentados en el trimestre representan el 29 % del total nacional. Le siguieron Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con 76; y Madrid, con 70.

En Cataluña también se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 217, lo que supone el 18,7 % del total. Le siguieron la Comunidad Valenciana con 188, Madrid con 177 y Andalucía con 129.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre en los Juzgados de lo Mercantil fue de 700, un 8 % menos que en el mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 209 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Además, en el tercer trimestre de 2017 llegaron a la fase de convenio un total de 112 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación otros 594, un 16 % menos que en el mismo trimestre de 2016.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 125 expedientes, un 22,5 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

Las demandas por despido aumentan un 11,7 %

Entre los pasados 1 de junio y 30 de septiembre se presentaron 26.101 demandas por despido en los Juzgados de lo Social, un 11,7 % más que en el tercer trimestre de 2016. 

Madrid con 5.205, el 19,9 % del total nacional, fue la Comunidad Autónoma en la que se registraron más demandas de este tipo. Le siguen  Andalucía con 4.370 y Cataluña con 4.320. Se han dado incrementos interanuales en todas las comunidades, salvo en Baleares, Canarias, Cataluña y Murcia.

Las demandas de reclamaciones de cantidad, 26.854, fueron un 10,9 % más que las presentadas en igual periodo de 2016. El mayor número se dio en Madrid, con 5.430, un 20,2 % del total nacional, seguida por Andalucía con 4.648 y Cataluña, con 3.015.

Los procedimientos monitorios disminuyen un 11,7 %

En el tercer trimestre del año se han presentado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 101.751 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución del 11,7 % respecto al mismo periodo de 2016. Destaca la disminución del 30,8 % observada en Cataluña.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.