La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para explicar las labores de coordinación de su departamento en Política Migratoria.

Según indicó, la inmigración que recibe España “cada vez se adecua más a las necesidades de nuestro mercado de trabajo”. Aunque la crisis económica está teniendo un efecto en la reducción de los flujos migratorios, a tenor de las cifras y viendo que, ya antes de comenzar las dificultades económicas se estaban produciendo reducciones considerables, la Vicepresidenta considera que las medidas adoptadas “están dando resultado”.

La Vicepresidenta recordó cómo “en apenas cinco años hemos pasado de la práctica inexistencia de políticas de inmigración coordinadas” a una Unión Europea que “ya asume como propio el enfoque integral promovido por el Gobierno de España”.

Así, citó la importancia de iniciativas como la puesta en marcha de la Agencia Europea de Coordinación y Gestión de Fronteras (Frontex), el Enfoque Global de Migraciones en África y el Mediterráneo, extendido ya hacia el Este, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, las Conferencias Euroafricanas, o el proceso de Rabat.

También destacó el avance logrado en la adopción de instrumentos normativos comunitarios. En este punto, adelantó el “notable paso adelante” que supondrán las tres directivas sobre desplazamiento de trabajadores, admisión de temporeros y trabajadores en prácticas que se negociarán durante la Presidencia española, o el permiso único de trabajo y residencia y el establecimiento de un marco europeo de derechos de los inmigrantes que se encuentran en fase de negociación.

Igualmente en el ámbito comunitario, España está trabajando con sus socios europeos para racionalizar la inmigración procedente del Este de Europa. Recientemente, en el pasado mes de mayo, se alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Rumania que se ampliará a Bulgaria y que contempla iniciativas e incentivos para facilitar el retorno a su país de origen a aquellos inmigrantes que así lo deseen.

Por otra parte, la Vicepresidenta se refirió a las políticas migratorias en África, basadas en la cooperación para combatir la inmigración ilegal, establecer mecanismos de inmigración legal y ordenada y al mismo tiempo promover la creación de expectativas de empleo en los propios países africanos.

En concreto hizo mención al programa de escuelas taller en África occidental, que entró en pleno funcionamiento en el año 2008, abarcando ya a 7 países con “notables resultados”.

En Senegal, Mali, Cabo Verde, Ghana y Gambia ya se han abierto un total de 10 escuelas taller y ya está formulado el programa para la apertura de centros similares en Guinea Conakri, Guinea Bissau y Mauritania.

Además, España ha impulsado una extensa red de relaciones y acuerdos de Cooperación y Readmisión con países como Senegal, Mali, Ghana, Camerún y Costa de Marfil, que se suman a los acuerdos ya concluidos con Marruecos, Mauritania, Argelia, Nigeria, Guinea Bissau, Cabo Verde, Guinea Conakry, también con Gambia.

Los resultados de esta política “no se han hecho esperar”, puesto que la llegada de inmigrantes en pateras se ha reducido en más del 50 por ciento.

Sólo en Canarias, en 2006 llegaban a las islas más de 31.000 inmigrantes, en 2008 sólo llegaron 8.300. Y en el primer trimestre de 2009 la cifra ha caído hasta los 1.300. Además, por primera vez en el mes de abril, no ha llegado ningún cayuco a las islas.

La Vicepresidenta realizó también una buena valoración de nuestras relaciones con América latina en esta materia. En lo que respecta a la extensión del derecho al voto de los extranjeros que residen en España y de los españoles que viven en Iberoamérica, ya se han firmado acuerdos con Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Paraguay para que dichos colectivos puedan votar en las elecciones municipales bajo el principio de reciprocidad. En estos momentos se negocia con Bolivia, Uruguay y Venezuela.

El plan de retorno voluntario también tiene una especial incidencia en los inmigrantes iberoamericanos, que concentran más del 90% de las solicitudes. El objetivo de este plan es dar a los inmigrantes que hayan perdido su empleo y que deseen retornar a su país de origen la posibilidad de percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación por desempleo que tengan reconocida.

Con datos actualizados a 3 de junio, cerca de 7.000 inmigrantes han capitalizado la prestación por desempleo y regresado a su país en condiciones de iniciar allí una nueva actividad.

“Nunca se esperó que este plan produjese una avalancha de peticiones, ni el sentido común ni la experiencia lo indican así. Pero pretendíamos abrir una oportunidad a quienes, como consecuencia de la prolongación en el tiempo de las dificultades económicas, deseen volver a su país, en las mejores condiciones”, destacó.

De hecho, según los datos disponibles, el ritmo de solicitudes aumenta constantemente. En estos momentos estamos en una media de más de 180 nuevos expedientes semanales, y sólo en el último mes el número de peticiones ha sido de 905.

La Vicepresidenta también se refirió al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que actualmente está en el Consejo de Estado. Se trata de un texto “equilibrado y garantista”, que Incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y supone también la transposición de las directivas europeas en esta materia.

El Gobierno entiende que “una política de inmigración eficaz no debe conformarse con lograr resultados en la lucha contra la inmigración ilegal o avanzar en la ordenación de los flujos migratorios”. “Tenemos que conseguir que los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país se sientan una parte integrante de España y un paso fundamental para ello es garantizar sus derechos”, valoró la Vicepresidenta.

En esa misma línea se orienta el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que pusimos en marcha en la anterior legislatura, que actualmente se encuentra en fase de evaluación, aunque la Vicepresidenta avanzó que los resultados serán “positivos”.

Igualmente, mencionó los últimos datos del padrón municipal. En 2008 el aumento de nuevos inmigrantes empadronados en España fue del 6%, con mucha diferencia, la menor cifra de toda la década: menos de la mitad que el año anterior, seis veces menos que en el 2003 y ocho veces menos que en 2001 cuando el aumento de inscritos superaba el 48%.

A ello se suma la reducción a la mitad de la llegada de pateras y el descenso, hasta en un 75%, de la llegada de cayucos a Canarias en el último año.

Por otro lado se refirió a la llegada de menores no acompañados a Canarias. En 2006, el Gobierno inició un programa de colaboración para trasladar a diferentes comunidades autónomas a una parte de los menores llegados a las islas. Como resultado de este programa, entre 2006 y 2008 fueron trasladados unos 500 menores. Posteriormente en Diciembre de 2008 se suscribió un nuevo Convenio de colaboración para posibilitar el traslado de otros 500 menores desde el 1 de enero de 2009 hasta final de año

Este programa sin embargo se ha visto afectado por un problema de carácter jurídico relativo a la tutela del menor. No obstante, la Vicepresidenta señaló que esta situación podría encontrarse en vías de solución.

Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad y Política Social han emitido un informe donde se apunta la viabilidad del cese de tutela en Canarias de los menores que pasen a otra comunidad autónoma y la asunción de la tutela por esta última. Este informe está pendiente de confirmar por la Abogacía General del Estado.

En resumen, de acuerdo con la información disponible, las comunidades autónomas han ofertado 339 plazas para las menores, de las cuales 70 ya han sido trasladados, 83 se encuentran en posibilidad de traslado inmediato, 78 podrían ser tutelados por la comunidad de destino y otros 108 serían trasladados a entidades colaboradoras, si su comunidad da el visto bueno.