El Tribunal Supremo ha enviado esta mañana del 29 de enero el auto en el que deniega el permiso extraordinario de salida de prisión solicitado por Oriol Junqueras y Jordi Sánchez para asistir mañana a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalitat que se celebrará en el Parlament catalán.
El magistrado del Supremo Pablo Larena ha desestimado los recursos de reforma que habían presentado los dos citados, sumando a éstos el de Joaquín Forn, contra el auto de 12 de enero de este año en el que declaró la incapacidad legal prolongada de estos investigados para asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña.
En el mismo se acordó que correspondía a la Mesa del Parlamento arbitrar el procedimiento para que pudieran delegar sus votos en otro diputado, mientras subsistiese su situación de prisión provisional.
Entrega de correos
Llarena también ha dictado una providencia en la que requiere al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña que ponga a disposición del instructor de forma inmediata todos los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones de correo electrónico, personales o por razón de su cargo, de 32 personas relacionadas con la investigación que fueron solicitados por el instructor.
Esta decisión deriva del incumplimiento de la orden del juez del Supremo del pasado 11 de enero en la que solicitó al citado Centro “la entrega de la copia de los correos electrónicos corporativos que se conservaran y de toda correspondencia electrónica mantenida entre el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre 2017”.
En la providencia, Llarena justifica su decisión y argumenta que los funcionarios “o bien están siendo investigados como eventuales responsables de estos mismos hechos en otros procedimientos judiciales o al menos desempeñaban cargos subordinados al Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, y estaban directamente vinculados con las actuaciones ejecutivas desplegadas para la consecución de los objetivos secesionistas".
El magistrado realiza este nuevo requerimiento después de que la policía judicial le haya comunicado que este centro no entregó toda la información solicitada. En su providencia, Llarena añade que se indiquen los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.
