La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, y Soledad Cazorla, Fiscal de Sala coordinadora de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, han presentado, en la sede del Ministerio de Igualdad, el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género, y han suscrito un Protocolo de actuación para garantizar y homogeneizar su operatividad en todo el territorio nacional, estableciendo pautas generales de actuación y comunicación, que faciliten la adecuada intervención en cada supuesto concreto.
La puesta en marcha de estos 3.000 dispositivos (9.000 terminales, ya que cada inculpado llevará dos dispositivos y la víctima uno) ha contado con una inversión inicial de 5 millones de euros. La mejora del contexto de seguridad por medio de este sistema busca hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad, documentar el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento y disuadir al agresor.
Así, permitirá verificar el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento de la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género, proporcionará información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de dichas medidas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los elementos de vigilancia utilizados y dar respuesta individualizada a cada una de ellas.
Los dispositivos estarán disponibles para todas las CC.AA. y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y no habrá una distribución cerrada por territorios, de manera que cualquier comunidad podrá contar con los dispositivos sobre criterios de disponibilidad.
Una acción política esencial y prioritaria para este Gobierno
Durante su intervención, Aído ha recordado que “la lucha contra la violencia de género constituye uno de nuestros principales ejes de actuación; una acción política esencial y prioritaria para este Gobierno, que abordamos como creemos que sólo puede hacerse: de manera integral, coordinada y conjunta, como una acción de Gobierno global y transversal; con el convencimiento de que sólo encontraremos la salida, desde el esfuerzo compartido”, y ha añadido que “las medidas de seguridad y protección cada día son más eficaces, cada día estrechan más el cerco sobre los maltratadores”.
Por su parte el titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha señalado que “la utilización de pulseras telemáticas supone un cambio muy significativo de la justicia cautelar, que tradicionalmente ha sido concebida como un mecanismo destinado a conjurar el riesgo de fuga del imputado. Sin embargo, ahora estamos en presencia de una justicia cautelar que sobre todo piensa en la protección de las víctimas. Acuerdos como éste contribuyen a situar a la Administración de Justicia española en el lugar que sus ciudadanas y ciudadanos se merecen”.
Antecedentes
El artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevé la posibilidad de que los órganos judiciales acuerden la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar en los procedimientos que se sigan por violencia de género.
El pasado 21 de noviembre de 2008, el Consejo de Ministros acordó encomendar a la ministra de Igualdad y a los ministros de Justicia e Interior la adopción de las medidas necesarias para la implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violencia de género, para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los jueces.
El Ministerio de Igualdad, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2008, ha puesto en marcha el “Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en materia de Violencia de Género”, cuyo objetivo principal es mejorar la seguridad y protección de las víctimas y generar confianza para poder abordar su recuperación.
La puesta en marcha de estos 3.000 dispositivos (9.000 terminales, ya que cada inculpado llevará dos dispositivos y la víctima uno) ha contado con una inversión inicial de 5 millones de euros. La mejora del contexto de seguridad por medio de este sistema busca hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad, documentar el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento y disuadir al agresor.
Así, permitirá verificar el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento de la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género, proporcionará información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de dichas medidas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los elementos de vigilancia utilizados y dar respuesta individualizada a cada una de ellas.
Los dispositivos estarán disponibles para todas las CC.AA. y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y no habrá una distribución cerrada por territorios, de manera que cualquier comunidad podrá contar con los dispositivos sobre criterios de disponibilidad.
Una acción política esencial y prioritaria para este Gobierno
Durante su intervención, Aído ha recordado que “la lucha contra la violencia de género constituye uno de nuestros principales ejes de actuación; una acción política esencial y prioritaria para este Gobierno, que abordamos como creemos que sólo puede hacerse: de manera integral, coordinada y conjunta, como una acción de Gobierno global y transversal; con el convencimiento de que sólo encontraremos la salida, desde el esfuerzo compartido”, y ha añadido que “las medidas de seguridad y protección cada día son más eficaces, cada día estrechan más el cerco sobre los maltratadores”.
Por su parte el titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha señalado que “la utilización de pulseras telemáticas supone un cambio muy significativo de la justicia cautelar, que tradicionalmente ha sido concebida como un mecanismo destinado a conjurar el riesgo de fuga del imputado. Sin embargo, ahora estamos en presencia de una justicia cautelar que sobre todo piensa en la protección de las víctimas. Acuerdos como éste contribuyen a situar a la Administración de Justicia española en el lugar que sus ciudadanas y ciudadanos se merecen”.
Antecedentes
El artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevé la posibilidad de que los órganos judiciales acuerden la utilización de instrumentos de tecnología adecuada para controlar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar en los procedimientos que se sigan por violencia de género.
El pasado 21 de noviembre de 2008, el Consejo de Ministros acordó encomendar a la ministra de Igualdad y a los ministros de Justicia e Interior la adopción de las medidas necesarias para la implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violencia de género, para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los jueces.
El Ministerio de Igualdad, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2008, ha puesto en marcha el “Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en materia de Violencia de Género”, cuyo objetivo principal es mejorar la seguridad y protección de las víctimas y generar confianza para poder abordar su recuperación.
