Según un nuevo dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo, es posible que el sistema propuesto para proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (también denominadas denunciantes) potencie sus derechos legales en todos los Estados miembros y otorgue a los ciudadanos un papel esencial para garantizar la aplicación de la normativa de la UE en el ámbito de su trabajo. Los auditores acogen la propuesta con satisfacción, aunque señalan que, en algunos casos, su excesiva complejidad puede restarle eficacia.
En abril de 2018, a raíz de varios casos de gran repercusión, la Comisión Europea propuso una Directiva relativa a la protección de los denunciantes, que está siendo examinada actualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Los auditores consideran que el sistema propuesto ayudaría a mejorar la gestión de las políticas y programas de la UE y serviría de complemento a los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra los Estados miembros, y añaden que, siempre que afecte a los intereses financieros de la UE, la denuncia de infracciones tiene el potencial de generar ahorros para el presupuesto de la UE.
«Actualmente, los Estados miembros aplican enfoques muy diversos con respecto a la denuncia de infracciones, y el planteamiento del Derecho de la UE es fragmentario», afirmó Pietro Russo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del dictamen. «Una Directiva exhaustiva, bien concebida y fácil de aplicar podría ser una herramienta eficaz que contribuyera a la protección del presupuesto, de la buena gestión financiera y de la rendición de cuentas de la UE».
Sin embargo, los auditores están preocupados por la complejidad que presenta el ámbito de aplicación de la Directiva. La Comisión anima a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de ampliar la Directiva para dotarse de un marco nacional global y coherente. Los auditores advierten: si no se realiza dicha ampliación voluntaria, los denunciantes potenciales tendrían que averiguar si la Directiva abarca o no la infracción sobre la que quieran informar para saber si pueden beneficiarse de protección. Esto podría disuadirles.
Los auditores afirman que este problema se puede resolver en parte mediante la propuesta de facilitar a los potenciales denunciantes información clara y fácilmente accesible, asesoramiento y asistencia, así como medidas contra las represalias, pero también piden una mayor formación y sensibilización del personal. Asimismo, destacan la importancia de fomentar un entorno positivo y de confianza en el que la denuncia de infracciones sea parte integrante de la cultura empresarial.
Los auditores concluyen que el factor determinante para la protección del informante debería ser el interés público de la información revelada. Los Estados miembros no deberían poder denegar protección basándose en las intenciones subjetivas o las motivaciones específicas de los denunciantes.
