Frente a la gaditana playa de la Caleta, uno de los lugares más hermosos de Andalucía, se celebró los días 27, 28 y 29 de septiembre el III Congreso Internacional de Transparencia (CIT18). Tras dos exitosas ediciones previas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, el CIT18 se trasladó hasta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz (UCA). Este año la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA) ha compartido la organización del Congreso con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), lo que ha supuesto un fuerte respaldo institucional a una actividad que comenzó en 2016. El evento fue patrocinado por la Diputación de Cádiz, la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y el Consejo Social de la UCA, contando además con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Fundación Giménez Abad, RENFE, la Asociación de Archiveros de Andalucía, el Sindicato de la Administración Pública y las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho así como el Área de Derecho Administrativo de la UCA.
En esos tres años de trayectoria el CIT18 ha logrado convertirse en la cita premium de transparencia en España a la que añade, además, un fuerte componente internacional. De esta manera más de 300 participantes provenientes de España, México, Italia, Chile o Reino Unido, entre otros lugares, se dieron cita este foro de debate, intercambio de ideas, investigaciones y experiencias sobre transparencia, rendición de cuentas o el gobierno abierto, asuntos que fueron analizados desde una perspectiva multidisciplinar y que incluyen materias como el derecho, la ciencia política, los archivos y la documentación o el periodismo.
La estructura del CIT18 ha sido diferente respecto a anteriores años, proponiéndose como actividades principales una serie de Mesas de Debate, celebradas en el plenario, y Seminarios, que tenían lugar espacios más pequeños como el Salón de Grados y la Sala de Conferencias, con ponencias en las que se podían presentar comunicaciones y que se celebraban en paralelo en los descansos del plenario. Las Mesas de Debate estaban configuradas para la realización de pequeñas intervenciones que las dotaran de cierto dinamismo sobre ejes temáticos principales como la protección de datos, la contratación pública, la lucha contra la corrupción y los planes de Gobierno Abierto. Por su parte, los Seminarios versaron sobre los siguientes contenidos:
1. Cuestiones jurídicas actuales sobre la transparencia y el derecho de acceso/ El reglamento de la Ley de Transparencia.
2. Experiencias de implementación de la transparencia, datos abiertos y reutilización
3. Transparencia en empresas, entidades privadas y partidos políticos
4. Transparencia y gestión documental: una alianza necesaria
5. Transparencia comparada y casos nacionales
6. Control de la transparencia, evaluación y rendición de cuentas
7. Ética, integridad pública y lucha contra la corrupción
8. Transparencia y participación ciudadana. Gobierno Abierto
9. Transparencia, Información, Fake News y Comunicación
10. Transparencia y Universidad
Esta estructura principal se completó con la realización de dos Coffee-conferences temáticos que aportaron dinamismo y cercanía junto a unas sesiones de off del CIT18 más distendidas con la charla tipo formato de Cañas transparentes, un almuerzo para congresistas, visitas guiadas a los principales monumentos de la ciudad y, por supuesto, no faltaron las coplas gaditanas.
Acto de inauguración
Bajo estas premisas los congresistas se dieron cita a las 10 de la mañana para asistir a la inauguración del CIT18. El acto inaugural estuvo a cargo del director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), Manuel Medina, que estuvo acompañado por el subdelegado del Gobierno central, José Antonio Pacheco; la concejala de Transparencia, Participación Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, María Romay; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, Manuel Larrán, el presidente de Acreditra, Francisco Delgado, y el codirector del Congreso, José María Pérez Monguió.
Mesa internacional de apertura
Tras el acto oficial de inauguración se abrió formalmente el congreso con una mesa de debate internacional celebrada en el plenario con el título “Retos, logros y fracasos de la Transparencia” que estuvo coordinada por el presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, y que contó con la participación de expertos internacionales como el comisionado-presidente del INAI de México, Francisco Javier Acuña Llamas, el responsable de libertad de información y quejas del ICO (Reino Unido), Adam Sowerbutts, el profesor de la Universidad de Pisa, Alfredo Fioritto y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz y miembro de la Comisión Consultiva del Consejo de la Transparencia y la Protección de Datos, Severiano Fernández Ramos.
A continuación se celebró la mesa debate “Publicidad activa en la Administración” coordinada por el gerente de EPICSA de la Diputación provincial de Cádiz, Antonio García Vázquez, y en la que participaron representantes de los ayuntamientos de Madrid y Jerez, Joaquín Meseguer Yebra (subdirector general de Transparencia. Ayuntamiento de Madrid) y Julio Román Hierro (responsable de Transparencia. Ayuntamiento de Jerez), Enrique Gavira Sánchez, director del Área de Transparencia del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), Fernando Rodríguez Vega, coordinador de la Secretaría de Transparencia de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y de José Nuño Riesgo, de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias.
El subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Meseguer, incidió en la necesidad de que los portales de transparencia desarrollados por la administración pública utilicen un lenguaje claro y en que se deben “explicar las cosas de una manera sencilla” para no espantar a los ciudadanos que acceden buscando “información útil y de interés”. Destacó, igualmente, que una gran mayoría de los usuarios de estos portales son empleados públicos, por lo que apuntó que, a pesar de esta circunstancia, un portal de transparencia debe tener un enfoque de servicio público ya que “no es una intranet para el empleado público” sino que se trata de “un servicio al ciudadano”.
Debate legal sobre protección de datos
La primera actividad plenaria en la sesión de tarde contó con la participación de las responsables de las dos únicas autonomías (a los que acaba de sumarse recientemente Andalucía) con competencias en protección de datos, el País Vasco y Cataluña, junto con la entidad encargad de la materia a nivel estatal. La mesa, presidida por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, Antonio Troncoso Reigada, reunió a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Mª Angels Barbarà y Fondevila, a la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uría, y al subdirector general de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, Pedro Colmenares. Los ponentes canalizaron el debate en torno al título de la mesa, “Protección de datos y transparencia, ¿un conflicto permanente?” y explicaron los aspectos legales de la actual legislación en esta materia en la que las autoridades deben discernir entre los derechos de protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública.
Acto seguido tuvieron lugar los primeros seminarios del CIT18. El primero en celebrarse fue el relativo a “Cuestiones jurídicas actuales sobre la transparencia y el derecho de acceso/ El reglamento de la Ley de Transparencia” que tuvo como ponentes a Isaac Martín Delgado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla La Mancha, y María Esperanza Zambrano Gómez, subdirectora general de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. También se realizó el seminario “Transparencia comparada y casos nacionales” cuyo ponente principal fue Luis Rojas Gallardo, prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile.
Cultura de la Transparencia
El ultimo plenario del día debatió sobre “La cultura de la Transparencia. Una premisa ineludible para su verdadera implantación en la sociedad. Una visión comparada” y estuvo coordinado por el profesor de la Universidad de Murcia Javier Sierra Rodríguez, con la participación de Laura Chaqués, profesora de la Universidad de Barcelona, David Cabo de la Fundación Civio, Juan Romero de la organización OpenKratio, y Pablo Conejo de la Asociación de Profesionales (ACREDITRA). Los intervinientes resaltaron que a pesar de los avances producidos “queda mucho camino por recorrer” en el ámbito de la cultura de la transparencia “pero al menos estamos abriendo el diálogo” destacó el director de la Fundación Civio, David Cabo.
OFF CONGRESO
La primera jornada del CIT18 finalizó con una visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz en la que la concejala de Transparencia, Participación Ciudadana y Fiestas, María Romay, dio la bienvenida a la ciudad a los congresistas, y con la charla “Transparencia, secretos, películas y series”, impartida por Sergio Jiménez, que tuvo como corolario la actuación de la chirigota “Los caminantes blancos” que deleitaron con sus coplas gaditanas a todos los asistentes.
Revista Española de la Transparencia
El segundo día comenzó con la presentación de un nuevo número, y ya van seis, de la Revista Española de Transparencia (#RET), una publicación semestral, digital y gratuita que puede consultarse en acreditra.com/ret y que aglutina el trabajo que se está haciendo actualmente en España en estas cuestiones. La presentación fue realizada por la periodista Ana López, directora de la publicación. La revista está registrada en los principales repositorios académicos como Latindex, Argos y Dialnet. El próximo número, que saldrá en diciembre, será monográfico y estará dedicado a algunos de los contenidos del CIT18. En el mismo acto, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Isabel Serrano, presentó los tres libros que se han publicado con las actas del anterior Congreso.
Coffe Conference: Alberto Ortiz de Zárate
Acto seguido se celebró el primer coffee-conference del Congreso a cargo de uno de los expertos españoles más prestigiosos y que más tiempo lleva trabajando en este ámbito, Alberto Ortiz de Zárate, presentado por Francisco J. López Carvajal, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA), que afirmó en su intervención que de nada sirven, por ejemplo, los portales de transparencia de las administraciones públicas si nadie los consulta. Queda mucho por hacer en este ámbito. La transparencia “o es efectiva o aún no hemos hecho nada”, aseguró. En este sentido explicó que la transparencia sólo es efectiva “si alguien puede formarse un juicio a partir de la información a la que tiene acceso”.
Los órganos de control de la transparencia
Como plato fuerte de la mañana se celebró la mesa debate conformada por los representantes de los órganos autonómicos de control de la transparencia en la que participaron Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino, responsable de proyectos de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, Milagros Otero Parga, valedora do Pobo y comisionada de la Transparencia en Galicia, Manuel Medina Guerrero, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, José Molina Molina, presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, Ricardo Jesús García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de Valencia, Jesús Colás Tenas, presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, Daniel Cerdán Elcid, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Juan Luis Beltrán Aguirre, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Lluís J. Segura Ginard, presidente de la Comisión para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública (Illes Balears), Javier Amoedo Conde, procurador del Común de Castilla y León y que fue coordinada por Javier Amorós, presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Cada uno de ellos, en sus breves intervenciones individuales, fue desgranando cómo aplica la legislación sobre la transparencia y el acceso a la información pública y qué perspectivas se abren en los próximos meses en la aplicación concreta de la normativa y en el ejercicio ciudadano del derecho a la información pública. Son muchos los retos y problemas que afrontan en su labor y así lo manifestaron a los largo de sus ponencias.
Corrupción y Transparencia
Uno de los seminarios más animados de la jornada del jueves fue el dedicado a la “Ética, integridad pública y lucha contra la corrupción”, en el que participaron como ponentes Yolanda Quintana Serrano, secretaria general de la Plataforma para la Defensa de Libertad de Información, Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparencia de la Comunidad Valenciana y Agustí Cerrillo i Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de Universidad Oberta de Catalunya, y que fue coordinado por José María Pérez Monguió, codirector del Congreso y profesor de Universidad de Cádiz y Francesca Maiolo de Universidad de Pisa (Italia). El conseller de Transparencia de la Comunidad Valenciana, Manuel Alcaraz, destacó que la transparencia siempre es “necesaria” y que “no solo para prevenir la corrupción” sino que su capacidad va más allá. En este mismo seminario la periodista Yolanda Quintana comentó el escaso uso que los periodistas hacen de los portales de transparencia, además de detallar la labor que realiza la organización de la que es fundadora para defender la libertad de información.
Periodistas y fake news
Los periodistas y las noticias también estuvieron presentes en el CIT18 en el seminario titulado “Transparencia, información, Fake news y comunicación” coordinado por la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete. En este seminario, la periodista y codirectora del diario Público, Virginia Pérez Alonso, presentó Tjtool, una la herramienta para que los lectores de Público conozcan la “trazabilidad” de la información, lo que incluye saber las fuentes y documentos consultados, entre otros indicadores de transparencia, y que servirán para que el lector conozca cómo y por qué se ha elaborado una determinada noticia y que comenzó a implementarse en este medio desde el pasado 4 de octubre. En este seminario también participó, el profesor de la Universidad de Almería, Ramón Herrera de la Heras.
Empresas y Universidad
Durante el mismo jueves también se celebraron otros seminarios que trataron asuntos tan relevantes como “Transparencia en empresas, entidades privadas y partidos políticos”, coordinado por Javier Andrades Peña, profesor de la Universidad de Cádiz, y que contó con las ponencias de Manuel Larrán Jorge, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cádiz, y de Antonio López Hernández, presidente de la Cámara de Cuentas Andalucía, y “Transparencia y Universidad” coordinado por Beatriz Martínez Isidoro, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y cuyo ponente principal fue Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.
Mesa redonda de partidos políticos
Finalmente la jornada se cerró con el debate “Transparencia y lucha contra la corrupción en la Agenda parlamentaria”, que contó con la participación de representantes de los partidos políticos PP, Francisco Martínez Vázquez, Ciudadanos, Javier Cano, PSOE, Artemi Rallo Lombarte, y Podemos, Juan Pedro Yllanes Suárez, y que estuvo moderada por la periodista de El Objetivo, de NewTral, Inés Calderón.
Para finalizar la jornada del jueves, los congresistas pudieron disfrutar de una visita guiada por Cádiz y visitar sus lugares y monumentos más emblemáticos.
Transparencia en la contratación pública
La jornada del viernes 28, Día Internacional del Derecho a Saber, se abrió con un debate en torno a la transparencia en la contratación pública coordinado por la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María José Santiago, que resaltó la importancia de este área puesto que “la contratación pública es el 19% del PIB europeo” y se estima que el “impacto de la corrupción en éste ámbito supone pérdidas de 120.000 millones de euros” al erario público. Santiago defendió la cultura de la transparencia en la contratación pública como una “obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos” sobre qué se hace con su dinero.
No obstante, la transparencia en éste campo tiene límites que, según el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, Martín Razquin, son, principalmente, “los secretos empresariales y la protección de datos de carácter personal”. Razquin también se refirió, entre otros asuntos, a la necesidad de que los consejos de la transparencia y los tribunales administrativos “den un toque” a los entes públicos del Estado sobre la transparencia de sus sistemas de contratación.
En su intervención, Ana Isabel Beltrán, jefa de Servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón, se preguntaba sobre si interesaba a la ciudadanía la contratación pública. Por su parte, el abogado y secretario general de la Asociación de Profesionales de la Transparencia Acreditra, Juan Carlos García Melián, explicó el funcionamiento de las redes de blockchain y sus ventajas aplicadas a los sistemas de contratación pública.
Transparencia y género
Inmaculada López Montaño, responsable de Comunicación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), presentó el coffee-conference impartido por la profesora de la Universidad de Cádiz, Lucía Benítez, quien planteó la necesidad de crear indicadores de género en la transparencia ya que los datos que se ofrecen públicamente tienen de partida un sesgo de género. Puso como ejemplo el PIB, que no tiene en cuenta el trabajo no remunerado, realizado en su mayoría por mujeres. También explicó cómo las mujeres ejercen en menor medida el derecho de acceso a información pública, circunstancia que se reproduce en las reclamaciones a los órganos de control de la transparencia. Igualmente, denunció la existencia de este sesgo en los algoritmos que utilizan los buscadores de internet, que son la principal vía de acceso a la información digital y que producen “graves perjuicios” para las mujeres en los resultados de búsqueda que ofrecen y que son utilizados en muchas ocasiones para buscar información para la contratación laboral u otras actividades. Benítez propuso que los algoritmos se nutran de datos abiertos y que su código fuente también lo sea para que los ciudadanos puedan saber los criterios de selección de los resultados de búsqueda.
Declaración de Cádiz
El colofón de este último día fue la lectura de un manifiesto que reclama una reforma integral que mejore las garantías del derecho de acceso y la transparencia. El manifiesto, denominado Declaración de Cádiz, ha sido elaborado por la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia y reclama a los poderes públicos un compromiso real para que se implante de manera efectiva la cultura de la transparencia. Este manifiesto está respaldado, además de por los órganos de control de la transparencia, por más de 30 entidades de la sociedad civil. En el texto se subraya la necesidad de dotar a los órganos de control de la transparencia de los recursos suficientes para que puedan realizar sus funciones con garantías en la implantación de la cultura de la transparencia en España.
Las representantes y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupado/as en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia y reunido/as en la ciudad de Cádiz con motivo de la celebración del III Congreso Internacional de Transparencia, formulan la siguiente declaración a fin de conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber.
«La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, complementada con las diferentes normas aprobadas por las Comunidades Autónomas, ha sentado las bases de un nuevo modelo de gobernanza pública en España.
El preámbulo de aquella Ley establece que “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de las y los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando la ciudadanía puede llegar a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación”.
El sentido de estas palabras no deja resquicio a duda alguna: es necesario que varíen los ejes de la acción política proporcionando mayor implicación a las ciudadanas y los ciudadanos. El actual Estado de Derecho necesita claridad y aún más, precisa tener la certeza de confiar en la forma de manejo de los fondos públicos. Nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de bienestar general.
Una de las piezas clave de este nuevo modelo de gobierno basado en la transparencia de la acción pública es la creación de órganos de garantía de naturaleza independiente, a los que se encomiendan diferentes tareas encaminadas a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, el control y evaluación de la publicidad activa, la realización de actividades de formación y divulgación de aspectos vinculados con la rendición de cuentas y el funcionamiento transparente de los organismos públicos y, en general, el fomento de la denominada “cultura de la transparencia”.
Hace tres años comenzó el desarrollo de las instituciones de garantía con la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, sucesivamente, de los Consejos y Comisionados de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Islas Baleares, Aragón, País Vasco y Navarra. A partir de ese momento, los logros alcanzados son significativos y entre ellos destacan la delimitación del contenido del derecho de acceso a la información a través de más de siete mil resoluciones dictadas en la materia por los distintos órganos de garantía; la progresiva implantación de la cultura de la evaluación de la publicidad activa; la incipiente generalización de una nueva forma de actuación administrativa fomentada por el impulso de las tecnologías de la información o la formación de una ciudadanía más crítica con los poderes públicos a través del fomento de la cultura de la transpa-rencia mediante la realización de acciones y actividades con las organizaciones y entidades de la sociedad civil.
No obstante, el proceso de implantación de la transparencia en España no ha hecho más que empezar y, además de con las dificultades propias de una transformación radical de los sistemas de trabajo de las instituciones públicas, se enfrenta con importantes obstáculos y retos. Entre ellos, la falta de recursos económicos y, en su consecuencia, materiales y personales de los Consejos y Comisionados de Transparencia; la situación de debilidad de las Administraciones y organismos públicos de menor tamaño y reducida estructura, que se enfrentan a dificultades organizativas y de toda índole, para atender eficazmente las obligaciones derivadas de las políticas de transparencia y la persistencia en las estructuras y entidades públicas de algunos sectores y áreas de opacidad, resistentes al cambio, que lastran el impulso y la consecución plena del cam-bio de paradigma que supone la instalación de la transparencia en nuestro proceso público.
Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad. Las Administraciones deben ir reconociendo la dificultad que ello representa sobre todo para las Administraciones de menor tamaño- reasignar los recursos de que disponen de forma que puedan asumir con eficacia sus obligaciones también en este ámbito. Por su parte, los órganos de control, nacidos en un escenario de contingentación de recursos humanos en las Administraciones públicas, deben dotarse suficientemente de medios económicos y humanos para que puedan ejercer de forma efectiva la función de control y garantía de los derechos ciuda-danos que les es encomendada por la Ley. Tener órganos de control débiles o infradotados perjudica la calidad y la efectividad de los derechos que la ciudadanía ha adquirido en los últimos tiempos.
Por ello, es necesario y urgente que se garantice la viabilidad y eficacia de los órganos de garantía, y que reciban un decidido y definitivo impulso de las Autoridades políticas y un apoyo explícito por su parte a esta nueva cultura de la transparencia y la información pública, que pugna por establecerse con carácter definitivo ente nosotros y transformar nuestra manera de vivir y comprender la acción y el servicio público. Y este impulso debe ser también requerido por todos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil activas en materia de transparencia y acceso a la información, que, fuera de todo marco institucional, han sido pioneras en España en trasladar a los poderes públicos las demandas e iniciativas de la ciudadanía y han mostrado desde el principio su firme convicción en la relevancia de la transparencia en la actuación pública y en el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de nuestras instituciones.
Estamos en la encrucijada de un cambio de paradigma en la gestión pública y en las formas de comprender lo que significa el servicio público y la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. Un cambio de paradigma que puede consolidarse y dar como fruto décadas venideras vividas en un marco socio-político e institucional basado en la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la moralidad y la ética pública, marco que a la vez promoverá un mayor crecimiento económico y una nueva sociedad que ahonde en la libertad e igualdad; como riesgo ante el que hay que estar alerta, puede también que este profundo y necesario cambio no se materialice, que la sociedad se relaje en su nivel de exigencia democrática ante la reduc-ción de las necesidades sociales que se aventuran fruto de la recuperación económica y que todo lo trabajado y conseguido en este proyecto social de reforma institucional, se estanque y pierda su significado y empuje.
Ante una coyuntura crítica no podemos por menos que ser exigentes y demandar cambios valientes que amplíen y mejoren lo logrado hasta ahora para conseguir que el cambio sea real y que los beneficios de éste, unas instituciones democráticas al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, sin máculas corruptas y que logren mejores cotas de desarrollo humano, sean el patrimonio común de esta reforma.
Por todo ello, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, en el Día Internacional del derecho a saber:
Primero.– Reafirmamos nuestro compromiso firme y efectivo con el desarrollo e implantación de la Transparencia en España.
Segundo.- Demandamos de los poderes públicos, desde la lealtad institucional, un apoyo explícito a nuestro trabajo y un compromiso decidido en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.
Tercero.- Demandamos una reforma que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia activa han supuesto hasta la fecha en nuestro país, tanto a escala estatal, autonómica como local. Entre estas reformas consideramos necesarias: consagrar el derecho de acceso como un dere-cho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios.
Cuarto.- Agradecemos la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades, esenciales en la implantación y consolidación de la cultura de la transparencia en España, y les solicitamos la continuidad de su apoyo y colaboración en el empeño de transformar radicalmente la gobernanza de nues-tras instituciones».
Cádiz, 28 de septiembre de 2018
Declaración apoyada por las siguientes entidades de la sociedad civil:
Access Info Europe, Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA), Asociación de Archiveros de Andalucía, Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), Associació Ciutadania I Comunicació (ACICOM), Asociación de Profesionales e Investigadores de la Transparencia (ACREDITRA), Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA), Asociación Innovación y Derechos Humanos, Asociación de la Prensa de Madrid, Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Archiveros Españo-les en la Función Pública (AEFP), Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (CIECODE), Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), Confederación de Consumidores y Usuarios. (CECU), Coordinadora de ONGD-España, Cuentas Claras, Funda-ción Ciencias de la Documentación, Fundación Cultura de Paz, Fundación Global Nature, Fundación Hay Derecho, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Greenpeace España, Hispalinux, Manuel Sánchez de Diego, Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez, OpenKratio, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Reporteros sin Fronteras Sección Española, Transparencia Internacional España, SEO/BirdLife, Sindicato de Administración Pública (SAP), Sociedad Española de Documentación e Informa-ción Científica (SEDIC) y XNet
Gobierno Abierto en España
La sesión de la mañana finalizó con una mesa de debate en torno a los planes de Gobierno Abierto en España que estuvo moderada por la directora general de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, María Pía Junquera Temprano. En la mesa se analizaron detalles de los dos planes de acción de gobierno abierto que forman parte del programa internacional de la Open Government Partnership (OGP) que integra gobiernos regionales y municipales, Madrid y Euskadi, y uno de los candidatos a entrar en el mismo, el Plan de Gobierno de la Región de Murcia. Las intervenciones corrieron a cargo de Victoria Anderica Caffarena, directora del Proyecto de Transparencia. Ayuntamiento de Madrid, Luis María Petrikorena Arbelaiz, director de Gobierno Abierto de Euskadi y Ana Fructuoso, vicesecretaría de Transparencia, Participación y Portavoz. Durante las mismas los asistentes se pudieron informar de los diferentes modelos y enfoques que han seguido en cada uno de los planes de acción de estas administraciones en el camino hacia el Gobierno Abierto.
Seminarios de evaluación, documentación, participación y datos abiertos
Tras la mesa de debate se enfiló la recta final del CIT18 con la celebración de 4 seminarios. El primero, denominado “Control de la transparencia, evaluación y rendición de cuentas”, fue coordinado por Joseba Eguía Ribero de ACREDITRA y Antonio Jesús Sánchez Guirado, profesor de Universidad de Cádiz y contó con las ponencias principales de Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia y Daniel Cerdán Elcid, comisionado de la Transparencia de Canarias. En su intervención, Daniel Cerdán tuvo la oportunidad de exponer el Índice de Transparencia Voluntaria (ITC), herramienta innovadora que ha puesto en marcha en Canarias.
Una de las piezas clave en la transparencia, la gestión documental, tuvo su hueco en la programación del CIT18 en el seminario “Transparencia y gestión documental: una alianza necesaria”, que estuvo coordinado por Mateo Páez García, presidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía, e Isabel Medrano Corrales, vocal de Innovación y Tecnologías de la Asociación de Archiveros de Andalucía y en el que intervinieron la propia Isabel Medrano, Rosana de Andrés, socia fundadora de Archiveros Españoles en la Función Pública, Javier Lobato, secretario de la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, y Carla Meinhardt, vocal d’Empresa de Associacio d´Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.
La tarde del viernes se celebraron los dos últimos seminarios del congreso que versaron sobre participación ciudadana y datos abiertos. El seminario “Transparencia y participación ciudadana” estuvo coordinado por Sabela Serrano Maillo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y contó con la ponencia principal de Rafael Rubio Nuñez, subdirector de Estudios e Investigación. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En el desarrollo de su intervención Rubio destacó el carácter preventivo de la transparencia en las actividades de las instituciones públicas; éstas tienen que ser proactivas respecto a la información y deben contar con profesionales en el ámbito de la información para que llegue adecuadamente a los ciudadanos.
Simultáneamente se desarrolló el seminario “Experiencias de implementación de la transparencia, datos abiertos y reutilización”, coordinado por Roberto Magro Pedroviejo, Jefe de Servicios Interactivos. Ayuntamiento de Alcobendas y que contó con la ponencia de J. Félix Ontañón, miembro de OpenKratio. En su charla Ontañon hizo un repaso sobre los últimos diez años de transparencia y datos abiertos en España, las “barreras” encontradas en el camino y propuso una “agenda de acciones” para los próximos cinco años.
Clausura
Tras la celebración de los últimos seminarios el codirector del Congreso, Manuel Sánchez de Diego, pronunció la conferencia de clausura y se procedió al acto institucional de clausura del Congreso, que estuvo presidido por el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, Manuel Larrán, la diputada provincial responsable de la Sociedad de la Información, Elena Amaya, el presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia (Acreditra), Francisco Delgado, el co-director del III Congreso, Manuel Sánchez de Diego, y Severiano Fernández Ramos, catedrático de la Universidad de Cádiz.
