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08/10/2009 06:01:00 Redacción NJ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 3 minutos

El PSOE rechaza la huelga por ilegal, desleal e irresponsable, mientras que el PP la ve inoportuna

Los principales partidos en el Congreso de los Diputados coincidieron en mostrar su oposición a la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Los principales partidos en el Congreso de los Diputados coincidieron en mostrar su oposición a la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque por razones diferentes. Así, mientras que el PSOE ve en el paro una "irresponsabilidad manifesta" que podría responder a cuestiones "internas" de la asociación, el PP consideró "inoportuna" la convocatoria y pidió a los jueces que reconozcan el "esfuerzo" que han hecho el Gobierno y el Congreso para atender a sus reivindicaciones.

Por otra parte, CiU y PNV se mostraron de acuerdo en la necesidad de "escuchar" a los jueces y en cuestionar la utilización de la huelga por parte de los miembros de la función jurisdiccional.

PSOE: Los jueces se han ido de puente

Cuesta también remarcó el carácter "retroactivo" del paro, ya que los magistrados protestan por "los problemas de ayer" cuando "hoy se está arreglando con más recursos la Justicia. En su opinión, los jueces han aprovechado que el próximo lunes 12 de octubre es fiesta y "se han ido de puente".

En la misma línea, el también diputado socialista Julio Villarrubia, criticó que la única asociación que convoca la huelga sea precisamente la que se desmarcó del paro que los jueces realizaron el pasado 12 de febrero bajo el argumento de que "no existe el derecho de huelga" para los magistrados.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia de ayer en el Congreso para examinar los presupuestos de 2010 del Ministerio del ramo, Villarrubia afirmó que la APM "tendrá que explicar a los ciudadanos por qué convoca esta huelga coincidiendo con su periodo de renovación de cargos y de elecciones internas y cuando nunca ha defendido la existencia del derecho de huelga".

Por todo ello, Alvaro Cuesta instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer acordó "no darse por enterado de la huelga", a cumpla con sus funciones y se oponga "claramente y de manera rotunda a lo que es una irresponsabilidad y una dejación manifiesta en la prestación de un servicio público".

PP: No es el momento de paros

Por su parte, la portavoz adjunta de Justicia del PP en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, explicó que su partido considera "inoportuna" esta huelga, teniendo en cuenta "que estamos en plena crisis" y sabiendo que el Gobierno y los grupos parlamentarios "han hecho un esfuerzo" para responder a las reivindicaciones de los jueces.

La diputada 'popular' recordó que PP y PSOE se han puesto de acuerdo para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando "todas las peticiones que se hicieron desde todas las asociaciones" y reconoció que el Gobierno ha hecho un esfuerzo en sus presupuestos para modernizar la Justicia.

Por ello, para Montserrat, las asociaciones de jueces "también tienen que hacer un esfuerzo en la época que estamos, que es de crisis económica, y viendo todos los esfuerzos que todos hemos hecho", para así "tirar para adelante con la Justicia". "Ahora no es momento de paros, ahora la sociedad no lo entendería, y menos con los atrasos que hay", afirmó.

CiU y PNV: La huelga no es la salida

Mientras tanto, el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, defendió, en declaraciones a Europa Press, la necesidad de encontrar "puntos de acuerdo" entre el Gobierno y los jueces, pero siempre teniendo en cuenta que la huelga "no es la salida", porque "encaja mal con la función jurisdiccional".

El diputado nacionalista aseguró que su grupo "respeta" las reivindicaciones que pueda tener el colectivo, aunque recordó que en la reforma de la Ley del Poder Judicial y la reforma del sistema procesal ya se da respuesta a "algunas" de sus peticiones.

Del mismo modo, para el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, las reivindicaciones de los magistrados son "razonables en su generalidad", aunque la huelga no sea el modo de expresarlas, porque es un derecho que "no está reconocido" legalmente para ser ejercitado por los jueces.

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