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16/10/2009 05:22:00 Redacción NJ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 3 minutos

Los Secretarios Judiciales aplauden la nueva Oficina Judicial aunque critican los cambios debidos a presiones políticas

El SISEJ respalda la transformación de la figura del secretario judicial, ya que éste "deja de ser un mero fedatario carente de competencias efectivas, y se convierte en un verdadero director del procedimiento con atribuciones propias y un papel relevante en el diseño de la nueva Oficina Judicial".

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

El ministro de Justicia hizo hincapié en que las medidas legislativas adoptadas persiguen “dotar de orden, racionalidad y simplicidad a nuestro sistema de justicia, para conseguir con ello que el Poder Judicial, independiente e imparcial, además de llevar a cabo su cometido constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, cumpla, como Administración, con las exigencias propias de un servicio público esencial, del que depende la garantía de nuestros derechos y libertades”.

Novedades

La Nueva Oficina Judicial contiene una estructura básica compuesta por dos unidades:

- Unidad Procesal de Apoyo Directo. Vinculada directamente al titular del órgano jurisdiccional y con la asignación del personal mínimo indispensable para llevar a cabo sus funciones.
- Servicios Comunes Procesales. Estarán bajo la dirección de los secretarios judiciales y asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Los hay de tres tipos:

    * Servicio Común General. Será el encargado de realizar las labores de registro y reparto de los  asuntos ingresados, actos de comunicación y auxilio judicial, y otras funciones accesorias como gestión del depósito de piezas de convicción y del archivo de los procedimientos.
    * Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Llevará a efecto la tramitación de los procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez.
    * Servicio Común de Ejecución. Recibirá sentencias y demás actos a los que la ley reconoce carácter ejecutivo para asegurar su cumplimiento.

Por otro lado, se crean las unidades administrativas, que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyen en el ámbito de la administración de justicia para dirigir, ordenar y gestionar los recursos humanos, así como para gestionar los medios informáticos, las nuevas tecnologías y otros medios materiales.

Críticas del Sindicato de Secretarios Judiciales

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha aplaudido la reforma, aunque lamentó las "graves carencias" en el texto motivadas por las "presiones políticas y corporativas".

En un comunicado, el SISEJ respalda la transformación de la figura del secretario judicial, ya que éste "deja de ser un mero fedatario carente de competencias efectivas, y se convierte en un verdadero director del procedimiento con atribuciones propias y un papel relevante en el diseño de la nueva Oficina Judicial".

"La sustitución de los vetustos Juzgados y Tribunales por Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes, junto a la separación de atribuciones respecto a los Jueces y Tribunales, permiten", en opinión del SISEJ, "vislumbrar un panorama en el que la Justicia, en los próximos años, pueda pasar a ser de un denostado reducto de prácticas y normas que el ciudadano no entiende, al verdadero servicio público de calidad".

No obstante, el SISEJ mostró su desacuerdo por la "falta de una racional" ordenación de la agenda de señalamientos de las vistas de los juicios, como se contenía en el Proyecto inicial elaborado por el Ministerio de Justicia, así como por la "confusa" regulación de la presencia del secretario judicial en las vistas de los juicios, que desde el SISEJ siempre se consideró "innecesaria".

Según este sindicato, la normativa finalmente presentada por el Ministerio de Justicia y aprobada por las Cortes se aparta del proyecto inicial debido a "claras y evidentes presiones políticas y corporativas ejercidas por determinados sectores profesionales y sobradamente conocidas por la opinión pública".

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