Los límites a la Justicia Universal están vigentes desde hoy, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal. En la actualidad la Audiencia Nacional mantiene abiertos 13 procedimientos de los denominados de 'jurisdicción universal', en los que se investigan delitos de genocidios y torturas cometidos en otros países.
Tras la reforma del artículo 23 de LOPJ, a partir de hoy los jueces sólo podrán perseguir delitos en el exterior cuando haya una clara conexión con España o sus autores estén en territorio nacional.
La ley orgánica fue votada el pasado día 15 en su conjunto favorablemente por PSOE, PP, CiU y PNV. Las diferencias de los grupos sobre este aspecto de la ley protagonizó las discusiones más acalorados y restó protagonismo al debate sobre la nueva Oficina Judicial.
PP y PSOE se mostraron de acuerdo en la necesidad de establecer límites a la Justicia Universal, mientras que los grupos de izquierda criticaron lo que consideron un "paso atrás" en la defensa de los Derechos Humanos.
Procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional
Un total de 13 causas que actualmente permanecen abiertas en la Audiencia Nacional podrían verse afectadas por la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su supervivencia o no dependerá en buena medida del criterio que adopten los jueces a instancias de la Fiscalía, que podría instar el archivo de aquellas que no tengan una conexión directa con nuestro país en consonancia con la nueva ley.
Entre los casos que podrían verse afectados por la actual limitación están los que investigan a responsables de delitos contra la humanidad en el Tíbet, Guatemala, Irak (por el asesinato del cámara José Couso), China (miembros de Falung Gong), contra miembros de las SS por muertes en campos de exterminio nazi, Ruanda, delitos contra el pueblo saharaui, torturas en Guantánamo, El Salvador, Argentina y Chile. Además, está pendiente la admisión de una causa por genocidio en Birmania y de otra contra mandatarios norteamericanos e ingleses por matanzas en Irak.
Entre los que más claramente pueden verse afectados por el cambio legislativo está el que investiga el juez central número 1, Santiago Pedraz, contra seis miembros del Gobierno y el Ejército chinos por los ataques sufridos en marzo de 2008 por la población tibetana, en los que murieron al menos 203 personas.
El mismo juez investiga desde 1999 una querella por genocidio por el incendio de la embajada española en Guatemala el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, algunas de ellas españoles, por lo que previsiblemente esta causa no se cerrará. También está pendiente en este juzgado la investigación del asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Irak, por el que Pedraz procesó a tres militares norteamericanos.
