La digitalización, la firma electrónica y el acceso a las redes de banda ancha son algunos de los principales retos a los que se va a enfrentar en un futuro inmediato la Justicia española, según el informe "Las Tic en la Justicia del futuro", en el que han participado, entre otros expertos y asesores, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el responsable del Pedro Luis Huguet, consejero del CGAE y responsable de su Proyecto Tecnológico.
Según el informe, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Justicia ahorrarían al Estado y a las Comunidades Autónomas más de 248 millones de euros, aumentando además la productividad y la eficiencia del sistema, reduciendo el tiempo de tramitación y la acumulación de expedientes. La nueva oficina judicial y el expediente electrónico implicarán, según los expertos, un nuevo modelo organizativo más ágil y eficiente y abrirán el camino a la Justicia en Red basado en el procesamiento digital, el almacenamiento, la transmisión y el uso compartido de la información.
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, subrayó durante su intervención "el momento trascendental que vivimos, en el que la modernización de la Justicia ha pasado de ser un objetivo a una prioridad". Para lograrlo hay que trabajar en la "accesibilidad, interoperabilidad y la internacionalización", según Campo, para quien son pilares básicos del nuevo Plan de Modernización de la Justicia.
El informe además, recoge la opinión de los abogados respecto a la situación de la Justicia que ya fuera descrita en la encuesta del Consejo General de la Abogacía Española, de la que se desprendía que el 88% de los abogados considera que el actual modelo de Justicia está en una crisis muy grave para lo que de forma unánime, el colectivo profesional de la Abogacía solicita un Pacto de Estado que posibilite una remodelación profunda e inmediata de su funcionamiento. De ahí la importancia del cambio y su urgencia, pero no sólo a nivel técnico, sino que tal y como comenta Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, "las TIC resultan imprescindibles para avanzar, pero también debemos contar con una formación, un marco adecuado y una Ley de Modernización que logre que todos aquellos avances tecnológicos introducidos estén garantizados".
El estudio señala que la solución a la implantación y desarrollo ordenado de las TIC debe organizarse teniendo en cuenta la compleja estructura organizativa del sistema judicial, no jerárquica, y que cuenta con diversos gestores y responsables. La distinción entre "administraciones de Justicia" y "administración de la Administración de Justicia" conlleva el reparto de competencial entre el Ministerio de Justicia, diez comunidades autónomas, el CGPJ, la Fiscalía y el Parlamento.
Ahorro y eficiencia
"La justicia del futuro será una justicia sin papel" subraya el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, un futuro en el que "las TIC permitirán incrementar la productividad de todos los agentes que trabajan en la Justicia" y en el que "sin las TIC el nuevo modelo de la Oficina Judicial estaría abocado al fracaso".
Según se desprende del informe, la interconexión telemática entre todos los organismos que componen el sistema judicial es necesaria para lograr el objetivo de una Justicia en Red integral intercomunicada que coordine las 3.589 jurisdicciones, más de 1.973 Tribunales Superiores de Justicia, 7.680 juzgados de paz y 124 fiscalías que componen el sistema de Justicia y del que dependen alrededor de 179.000 profesionales.
En cuanto a la eficiencia, el uso de las TIC ahorraría al Estado y las Comunidades Autónomas 248 millones de euros. El uso del documento electrónico supondría un ahorro total de 1.400.000 horas, al reducir el tiempo de consulta de 4 minutos a 30 segundos. Además, los 8 millones de expedientes anuales que se manejan en la Justicia ocupan unos 650.000 metros cuadrados, con lo que se podría recuperar más de una cuarta parte del espacio disponible en los Juzgados, reutilizando en las nuevas necesidades. Además, el coste de mantener un expediente es de 15 euros al año, con lo que se ahorrarían cerca de 120 millones de euros. Al digitalizarse toda la información, también se reducirían los costers del archivo y conservación hasta en un 95% (114 millones de euros) y el paso de la búsqueda de la información en papel ahorraría 14,4 millones de euros.
