El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 18 la Ley Ómnibus. A falta de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el texto entrará en vigor el 28 de diciembre. El Gobierno cumple así con los plazos dados para la transposición de la Directiva de Servicios, primando calendario a contenido. Para la transposición de la Directiva de Servicios el Gobierno tenía que sacar adelante antes del 28 de diciembre de este año la conocida como Ley Paraguas, publicada en el BOE el pasado 24 de noviembre, y la Ley Ómnibus.
Esta Ley Ómnibus, modifica otras leyes vigentes por considerarlas incompatibles con el espíritu de la Directiva, entre ellas la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de Sociedades Profesionales.
Frente a la propuesta original de texto Ómnibus elaborada por el Ministerio de Economía, con una fuerte influencia de la Comisión Nacional de la Competencia, el texto ha sido reorientado, si bien, hoy se ha dado un paso atrás en algunas de las mejoras alcanzadas. Así, el proyecto de ley ha caminado desde una perspectiva centrada, meramente, en retirar facultades a los colegios profesionales y reducir su campo de actuación, a una visión más garantista y centrada en la seguridad el ciudadano. Al menos a eso conducían las mejoras introducidas en el trámite del Senado. Sin embargo, en las votaciones celebradas hoy gran parte de esas mejoras han quedado en papel mojado, incluso en el caso de enmiendas que habían obtenido una unánime luz verde.
Así las cosas, la Ley Ómnibus se podría resumir para los servicios profesionales (consumidores y usuarios, colegiados y colegios) en:
Habrá un proyecto de Ley en el plazo de doce meses, aunque el Gobierno ya ha anunciado que conocemos el borrador en el segundo trimestre del 2010, de reforma del marco regulador de los servicios profesionales. Esta ley definirá, entre otras, qué profesiones mantienen un control universal de sus profesionales ejercientes (a través de la colegiación).
Habrá un Real Decreto en el plazo de cuatro meses que definirá qué visados son obligatorios y cuáles dependerán de la voluntad del cliente. Esta es una de las sorpresas que ha deparado el trámite de hoy, pues en el Senado los grupos parlamentarios habían consensuado a una enmienda transaccional, que el Grupo Socialista ha rechazado hoy, que dejaba esta cuestión para un proyecto de ley en el plazo de doce meses.
