En 2019 los tribunales españoles resolvieron más de 6 millones de asuntos, lo que supone un incremento del 5% respecto al año 2018. Sin embargo, la pendencia acumulada ha aumentado y alcanza los 2.835.000 asuntos ya que también han sido más los asuntos inciados en 2019 respecto al año anterior. De este modo la tasa de pendencia se sitúa en 1,66 frente al 1.63 del año anterior, un incremento que está motivado principalmente por la mayor congestión en los órganos judiciales de las jurisdicciones contencioso-administrativo y laboral. Éste es uno de los datos que recoge el Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia presentado este martes 17 de noviembre de la mano de Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Cristina Retana Gil, Directora de Innovación de Wolters Kluwer LR; Juan S. Mora-Sanguinetti, Abogado y Economista Banco de España; Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, Presidente del TSJ de Murcia. 

El evento contó además con la participación del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que, aunque lamentablemente por problemas de agenda no pudo estar en directo, envió un vídeo con su intervención. En ella destacó cómo este análisis de la actividad de los tribunales contribuye de manera esencial a mejorar la justicia, y alabó que en esta edición el Observatorio haya extendido el análisis a su impacto en el ámbito económico con los estudios y propuestas realizados por Juan S. Mora-Sanguinetti y Miguel Pasqual del Riquelme Herrero. “La justicia se enfrenta a un reto de extraordinaria dificultad, si en normalidad es necesario contar con análisis para identificar sus problemas y buscar soluciones, ahora con la crisis sanitaria y económica adquieren su máximo sentido” declaró, y añadió que la colaboración de todas las organizaciones resulta imprescindible para mejorar la justicia. “Tan solo unidos, aportando cada uno el máximo de sus competencias profesionales, podremos salir de esta situación y fortalecernos ante una nueva crisis” defendió.

Análisis al impacto de la actividad de los tribunales en la economía

Esta edición del informe de la actividad de la justicia coincide con una nueva etapa de la Fundación Wolters Kluwer tras la renovación de su patronato, como recordó su presidenta. Consecuencia de ello, se ha hecho una revisión metodológica de esta iniciativa que la Fundación lleva realizando desde el año 2008. 

Siguiendo con el mismo objetivo de contribuir a la mejora de la justicia a partir del análisis de la actividad de los tribunales, en esta ocasión el Informe 2020, ha extendido el análisis de los datos de la estadística judicial correspondientes al año 2019 al impacto que el funcionamiento de la justicia produce en el ámbito financiero y económico. Para ello, se ha utilizado la herramienta de análisis jurisprudencial Jurimetría, que como expuso Cristina Retana, permite extraer en cada una de las jurisdicciones y en todas las instancias desde los juzgados hasta el Tribunal Supremo, los siguientes indicadores actividad que miden: duración media, congestión, litigiosidad, resolución y pendencia. “Gracias a Jurimetría es posible analizar de manera sencilla los miles de datos de la estadística judicial, los cuales se procesan mediante técnicas de inteligencia artificial para ser interpretados de una manera más sencilla y gráfica, lo que resulta de gran utilidad para la toma de decisiones”, apuntó Cristina Retana.

La alta duración de los procedimientos judiciales tiene un impacto negativo en la economía

Por su parte, Juan S. Mora-Sanguinetti, Abogado y Economista Banco de España, abrió su intervención destacando el impacto del funcionamiento de la justicia en la eficiencia económica y para ello mencionó una cita de Douglas C. North: “La calidad de la justicia es la principal diferencia en la estructura institucional entre el tercer Mundo y las economías desarrolladas”. Asimismo, Sanguinetti explicó que el sistema judicial por un lado es un sostenedor de la contratación privada y por el otro es un elemento esencial para la defensa de los derechos de propiedad. De tal manera que, una justicia de calidad y eficaz, en la que los procedimientos se resuelven en tiempo impacta directamente, por ejemplo, en la disponibilidad de crédito; en el crecimiento, tamaño y especialización empresarial; en el fomento de la inversión; o incluso en el mercado de la vivienda; en definitiva, en el impulso de la economía.

En cuanto a las consecuencias que la pandemia provocará en la actividad judicial, Sanguinetti afirmó que se prevé una mayor litigiosidad, y, por tanto, una mayor congestión del sistema judicial que tendrá a su vez impactos económicos negativos. Ante este panorama nada alentador el abogado y economista manifestó que conocer y analizar los datos de la actividad de los tribunales “nos permite adelantarnos y plantear soluciones”.

El sistema judicial español es incapaz de absorber la litigiosidad

Sin embargo, el problema de la congestión del sistema judicial no es algo nuevo, recordó Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, Presidente del TSJ de Murcia, que advirtió de que año tras año el sistema judicial español adolece de una incapacidad sistémica para absorber la enorme litigiosidad que se da en nuestro país. “Una situación que va a agravarse con la crisis del Covid, lo que lastrará la recuperación económica y puede llegar a comprometer el correcto funcionamiento institucional si los tribunales no dan respuesta en tiempo” pronosticó el magistrado. 

Sin embargo, Pasqual del Riquelme también quiso destacar que la crisis sanitaria está ofreciendo una oportunidad al sistema de justicia para superar rigideces e intentar cambiar nuestro modelo de resolución de conflictos. “Debemos tener la capacidad y valentía de aprovechar esta oportunidad y superar las resistencias internas y externas” señaló y puso de ejemplo los cambios que se han producido en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia con motivo de la pandemia: “en apenas unas semanas se pusieron en marcha soluciones tecnológicas que hubiesen tardado años en implantarse: teletrabajo masivo para un 60% de los funcionarios, sistemas de cita previa o juicios y otro tipo de actuaciones por vía telemática”. 

El problema de nuestra justicia no es sólo medios

En su intervención, Pasqual del Riquelme, hizo hincapié en que, mejorar la justicia española no es sólo una cuestión de dotación de medios, sino que existen ineficiencias estructurales y sistémicas. En su opinión, la solución a los problemas del sistema judicial español pasa por llevar a cabo tres grandes cambios:

1.    Encontrar alternativas a la justicia formal: “ningún sistema judicial por muy dotado que esté es capaz de absorber la litigiosidad, lo que provoca que el proceso tradicional en los juzgados rinda mucho menos y que muy probablemente los ciudadanos encontrarían mejor respuesta en otros medios”, apuntó el magistrado. Por ello, planteó la necesidad de que por ley se establezca una negociación previa entre las partes antes de acudir a la vía judicial, pero no concebida como un mero trámite sino que además debería contar con incentivos fiscales y medidas disuasorias frente al recurso abusivo a la vía judicial. Asimismo, Pasqual del Riquelme propuso la incorporación sistemática de la mediación intrajudicial a nivel nacional, así como otras figuras que se pueden encontrar en el derecho comparado, como la evaluación no vinculante en vía judicial para examinar la prosperabilidad de las actuaciones y recomendaciones o propuestas no vinculantes que faciliten la resolución amigable del conflicto.

2.    Incremento de la previsibilidad en la respuesta judicial: el sistema de recursos actual es incapaz de trasladar una respuesta en tiempo útil, afirmó Pasqual del Riquelme, y para solventarlo expuso dos líneas de trabajo: por un lado, la creación de estructuras orgánicas que propicien la actuación colegiada de los jueces unipersonales y, por otro, la identificación precoz de problemas que supongan una alta litigiosidad.

3.    Enfoque gerencial de la justicia. El ejercicio del poder judicial por los titulares de los órganos judiciales no es posible sin el soporte logístico de servicio público. Para Pasqual del Riquelme sólo desde una visión gerencial de la Administración de justicia, que incorpore instrumentos de planificación y dirección estratégica, indicadores y procesos de calidad y una capacidad gerencial instalada y bien distribuida, se logrará una Justicia eficaz, eficiente y efectiva. Sin embargo, el magistrado lamenta que en la Administración de justicia actualmente la falta de tiempo y de recursos para pensar en la organización, las resistencias indelebles de muchos de los profesionales que la integran y que ni los conceptos básicos de este cambio estén instalados, hacen que sea muy difícil su implantación práctica.

La clausura de la presentación corrió a cargo del presidente de CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que en su intervención también destacó la necesidad de invertir en justicia y mejorar su organización, aunque “lo más importante ya lo tenemos, y es el capital humano: nuestros jueces, cuyo compromiso con la independencia judicial y con los derechos y libertades de todos los ciudadanos, está fuera de toda duda” concluyó.

Puedes descargarte gratuitamente el Informe 2020 del Observatorio de la actividad de la justicia en este enlace.