La lucha contra las fake news permanece en el punto de mira en muchos países en la UE. Especialmente en tiempos de COVID. Luchar contra la desinformación puede acarrear un control excesivo y suponer una amenaza a la libertad de prensa. El Parlamento Europeo, consciente de ello, ha emitido una resolución donde analiza la protección de los periodistas en Europa, y a su vez, fenómenos como los discursos de odio y la ciberviolencia, la difusión de noticias falsas, la injerencia de terceros en la manipulación informativa durante los procesos electorales y el papel de las plataformas digitales. 

En el documento, publicado el pasado 25 de noviembre, el Parlmaneto destaca que, dado el papel esencial que desempeñan los periodistas al proporcionar a los ciudadanos información fiable y verificada, debe hacerse un mayor esfuerzo para garantizarles unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas, así como prestarse especial atención al periodismo de investigación en el contexto de la lucha contra la corrupción y la mala administración en la Unión.

Asimismo, el Parlamento destaca la situación de violencia, amenazas, acoso, intimidación, presión y censura a que se ven sometidos los periodistas, con una tendencia creciente a la intimidación para silenciarles, que exige la adopción de medidas urgentes.

Además la pandemia de COVID 19 ha conducido a la estigmatización, también a través de los medios de comunicación, de algunas personas especialmente vulnerables, lo que ha favorecido la polarización de la sociedad europea y la proliferación de los discursos del odio, incluyendo la expansión del fenómeno de la ciberviolencia.

Por otra parte, para el Parlamento la difusión de noticias falsas y desinformación, así como las acciones desproporcionadas para hacerle frente en las plataformas digitales, supone una amenaza para la libertad de información, el discurso democrático y la independencia de los medios de comunicación, acelerando la pandemia de COVID 19 el impacto de la desinformación en línea, a veces con graves consecuencias para la salud pública, pues la desinformación y la información errónea relativas a la COVID-19 pueden provocar pánico y descontento social.

Asimismo, denuncia la restricción del acceso de los medios a las decisiones y medidas gubernamentales, así como su control, aprovechando la pandemia de COVID-19.

Por último, el Parlamento hace un llamamiento a la concesión de mayores asignaciones presupuestarias para apoyar a los medios de comunicación y el periodismo independiente, en especial el periodismo de investigación e introducción con carácter urgente de paquetes de recuperación de emergencia para proteger el empleo y los medios de subsistencia de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Por todo ello, el Parlamento Europeo establece lo siguiente en su Resolución de 25 de noviembre de 2020:

Discurso del odio

El Parlamento Europeo condena todo tipo de incidentes de delitos de odio, discurso del odio y acusaciones infundadas o formuladas de mala fe motivados por la discriminación por cualquier razón, como el sexo, la raza, el color, los orígenes étnicos o sociales, las características genéticas, la lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o de cualquier otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. Pide a los Estados miembros que condenen y sancionen con dureza los delitos y discursos de odio a todos los niveles y en cualquier medio de comunicación. Deben aplicar y hacer cumplir nuevas medidas para prevenir, condenar y combatirlos.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para aumentar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos y en internet, que aborden las formas emergentes de violencia de género como el ciberacoso y el hostigamiento en línea, y que introduzcan mecanismos exhaustivos para ayudar a las víctimas de este tipo de violencia. Y reitera su petición a la Comisión y al Consejo para que activen la «cláusula pasarela» consagrada en el art. 83.1 del TFUE, a fin de incluir la violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género (incluida la ciberviolencia) en el catálogo de delitos reconocidos por la Unión.

Asimismo, los Estados miembros deben garantizar que los medios de comunicación, incluidos los medios en línea y sociales, así como la publicidad, no contengan incitación alguna a la violencia o al odio contra cualquier persona o grupo de personas.

Y expresa su preocupación por el hecho de que las víctimas de delitos de odio no denuncien tales actos debido a la falta de garantías adecuadas y a la incapacidad de las autoridades para investigar adecuadamente dichos casos y poner fin a la impunidad por los delitos de odio.

Desinformación y papel de las plataformas

El Parlamento reitera su preocupación por la amenaza potencial que supone la desinformación para la libertad de información, la libertad de expresión, el discurso democrático, la independencia de los medios de comunicación y la salud pública, y señala que las medidas para combatir la desinformación deben centrarse en fomentar una pluralidad de opiniones a través de la promoción de un periodismo de alta calidad, que ofrezca información fiable, basada en hechos y verificada.Asimismo, solicita una mayor colaboración entre las plataformas en línea y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a fin de abordar eficazmente la divulgación de mensajes de incitación al odio o a la violencia, eliminando contenidos ilícitos para frenar su propagación incontrolada, pero sin que dichas plataformas se conviertan en órganos de censura privados.

Por otra parte, el Parlamento muestra su preocupación por la injerencia de terceros en la manipulación de la información en el período que precede a todas las principales elecciones nacionales y de la Unión. Además, en el contexto de la situación de emergencia de la COVID-19, la desinformación y las noticias sensacionalistas de los medios de comunicación relacionadas con la pandemia también han sido utilizadas por grupos y políticos de extrema derecha y populistas para atacar a grupos minoritarios y contribuir a la retórica contraria a la inmigración, lo que ha llevado a un aumento de los episodios de discurso del odio racista y xenófobo, así como de la discriminación. Por ello, considera necesario adoptar medidas de lucha contra la desinformación, incluidas las adoptadas en el contexto de la situación de emergencia de la COVID-19, proporcionadas, transparentes y temporales y sometidas a un control periódico.

Condena las teorías de la conspiración y las campañas de desinformación financiadas con fondos públicos para desacreditar a la Unión y engañar al público acerca de su propósito y sus actividades y pide a la Comisión que condene abiertamente y destape las mentiras y la desinformación difundidas por cualquier autoridad estatal.

También pide a la Comisión que refuerce su colaboración con las plataformas digitales y que intensifique los esfuerzos para poner fin efectivamente a estas prácticas de desinformación, combatiendo la llevada a cabo a través del uso de bots o perfiles falsos en línea y aumentando la transparencia respecto a la financiación y la distribución de la publicidad en línea. Además, pide a todas las plataformas en línea que garanticen que los algoritmos que sustentan sus funciones de búsqueda no se basen principalmente en la publicidad.

Y anima a las empresas de medios sociales y a las plataformas en línea a que estudien las posibilidades de ofrecer herramientas que permitan a los usuarios denunciar y notificar posibles casos de desinformación.

Alfabetización mediática

Por último, el Parlamento Europeo insta a la Comisión y a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos para reforzar las políticas educativas que promuevan la alfabetización mediática y en materia de información, capaciten a los ciudadanos para pensar de forma crítica y los ayuden a reconocer la desinformación; a que la Comisión aumente la financiación de la Unión para programas de alfabetización mediática y a que se implique activamente en la promoción de información fiable, basada en hechos y contrastada.

Y pide a las instituciones de la Unión que velen por una comunicación reforzada y proactiva en todas las lenguas oficiales cuando se produzcan importantes emergencias públicas, como la pandemia, a fin de garantizar que los ciudadanos europeos tengan acceso a una información precisa, fácilmente accesible y verificada.