El confinamiento domiciliario de 47.000 millones de españoles ha traído multitud de crisis matrimoniales. Compartir espacio sin poder salir de casa ha sido un auténtico jaque para la estabilidad de muchas uniones, dudas que se han traducido en un aumento importante de las consultas a abogados sobre separaciones y divorcios. Pero muchas de estas preguntas han quedado en eso, en simples consultas. La crisis económica habría hecho impensable para muchos enfrentar los gastos de este tipo de procesos.
Así lo destaca el III Observatorio del Derecho de Familia, presentado por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Como apuntan, e incremento de consultas para divorciarse tras el confinamiento duro no se ha traducido en la ola de separaciones y divorcios que muchos esperaban. Sólo el 27 por ciento de abogados de la AEAFA habría constatado un aumento de las separaciones y los divorcios, como consecuencia del periodo prolongado de convivencia. En cambio, el 73 por ciento de los juristas percibe una cifra igual o inferior al de un periodo vacacional.
“Las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sostener dos unidades familiares a la vez”, destaca la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano. El incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre del año, de un 16% más respecto a 2019, responde a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis, más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales.
Modificación de medidas
En cambio, donde sí se ha detectado una variación significativa es en las peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados (tal como indica el 53% de los encuestados).
Según los abogados de familia, la caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte en las aportaciones económicas.
Para que prosperen, los afectados deben demostrar que el cambio de las circunstancias es sustancial y no se trata de una situación transitoria o coyuntural.
Asimismo, debe ser imprevisto y que no haya sido provocado o buscado voluntariamente por el progenitor.
Desacuerdos por colegios y extraescolares
A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados de la AEAFA también han constatado un crecimiento significativo de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil.
Estas discrepancias se refieren a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social como la ortodoncia, cuyo impacto económico es importante.
“Hay progenitores que, aunque mantienen la misma aportación por pensión de alimentos, plantean que los hijos vayan a un colegio público o concertado en vez de a uno privado al no poder hacer frente a este desembolso. Lo mismo sucede con actividades extraescolares que implican un coste importante”, afirma la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.
Custodias compartidas
El Observatorio del Derecho de Familia también revela un auge de solicitudes de custodias compartidas (así lo indica el 40% de los asociados de AEAFA). “El confinamiento ha permitido a muchos progenitores comprobar que pueden compaginar el trabajo y el cuidado de los niños, en gran medida gracias al teletrabajo. La gente ha aprendido a organizarse. Al mismo tiempo, aquellos progenitores que tenían la custodia exclusiva se han dado cuenta de lo importante que es tener tiempo para ellos mismos”, explica la presidenta de AEAFA.
Incumplimientos
Finalmente, esta tercera edición desvela el elevado nivel del incumplimiento de visitas durante el estado de alarma, en gran parte motivado por la decisión de algunas juntas de jueces que recomendaron suspender cualquier sistema de visita y/o custodia compartida, quedando los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento decretarse el estado de alarma.
“Esta circunstancia sirvió de excusa a algunos progenitores para contravenir sus obligaciones e impedir que los niños compartieran tiempo con su expareja”, subraya la presidenta de AEAFA.
En cambio, en los partidos judiciales donde se mantuvieron los sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos o las intersemanales con pernocta, el nivel de incumplimientos fue menor o se pudo recuperar posteriormente los tiempos de visita. Así lo indican el 77% de los abogados consultados.
