La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo que adaptar la Administración de Justicia a las demandas actuales y mejorar el servicio que presta a los ciudadanos "es uno de los principales objetivos del Gobierno".
Por ello, el Consejo de Ministros ha autorizado un convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la entidad empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia.
Fernández de la Vega ha explicado que "por medio de este convenio se digitalizarán los juzgados de paz y se dotará de sistemas digitales de grabación audiovisual a las salas de vistas".
La introducción de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia irá acompañada de una adecuada formación de su personal. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de formación de funcionarios al servicio de la Administración General de Justicia, que tiene un coste estimado de casi tres millones y en el que van a participar 14.000 empleados públicos.
La Vicepresidenta ha detallado que "se impartirán más de 1.300 cursos de información sobre la Nueva Oficina Judicial y las reformas procesales, así como sobre nuevas tecnologías".
Dentro de este conjunto de medidas para modernizar la Justicia, el Gobierno ha delimitado el ámbito de actuación del futuro Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal.
María Teresa Fernández de la Vega ha concretado que este nuevo Instituto será un centro al servicio de la modernización científica y tecnológica de la medicina forense y prestará servicio al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a los Juzgados Centrales, al Registro Civil Central y a las Fiscalías correspondientes, así como a los órganos de la jurisdicción militar.
Por otra parte, el Gobierno ha analizado las conclusiones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuyas propuestas van a servir de base para elaboración de la citada norma.
En este informe, según la Vicepresidenta, se aborda la extensión de la organización colegiada, la superación del partido judicial, la creación de tribunales de base o de primer grado, así como la propuesta asumida por la Comisión de expertos de atribuir la investigación fiscal al Ministerio Fiscal, además de la creación de tribunales de instancia o de tribunales especializados.
