El Consejo de Ministros ha aprobado la racionalización de estructuras en la Administración General del Estado, que implica una reducción de altos cargos, así como la reordenación del sector público empresarial con el objetivo de incrementar su eficiencia y reducir el déficit público.

La Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado que la medida supone "un paso importante y decidido" en el compromiso del Gobierno de situar el déficit en el 3% en el año 2013.

Fernández de la Vega ha explicado que el Plan sobre racionalización de estructuras en la Administración General del Estado supone la reducción de 32 altos cargos, de los que 8 son directores generales, uno secretario general y 14 organismos autónomos con rango de director general. Además, ha anunciado que se "reducirán drásticamente los órganos colegiados con el fin de racionalizar y eliminar trámites, cargas administrativas y ser más eficaces".

El Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal, también aprobado hoy, implica la desaparición de 14 sociedades mercantiles y la fusión de otras 24, que pasarán a ser nueve.

María Teresa Fernández de la Vega ha precisado que, en total, el sector público tendrá 29 empresas menos, lo que supone una reducción de más del 27%. Asimismo se reducen los directivos de las empresas públicas y entidades públicas empresariales en un 10%, y en un 15% el número de miembros en sus Consejos de Administración.

La Vicepresidenta Primera ha asegurado que estos Planes suponen un ahorro para las arcas públicas y reordenan la Administración General del Estado y sus empresas "en clave de austeridad y eficiencia". Con estos acuerdos, según De la Vega, el Gobierno certifica con hechos su voluntad de modernizar las estructuras del Estado para adecuarlas a las necesidades de hoy "con rigor, con decisión y con responsabilidad".

Plazos

María Teresa Fernández de la Vega ha avanzado que el Gobierno adoptará en "un plazo máximo de tres meses" las nuevas estructuras ministeriales. También se iniciará inmediatamente, para culminar antes de que acabe el año, la reestructuración del sector público empresarial, la racionalización de las fundaciones públicas y la reducción de los representantes de la Administración General del Estado en los Consejos de Administración de las sociedades estatales.

Además, ha dicho que el Gobierno aplaza hasta la finalización del semestre de Presidencia rotatoria de la Unión Europea, el 30 de junio, aquellas decisiones que afecten a la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como a las secretarías de Estado que en estos momentos tienen la responsabilidad de presidir reuniones y órganos de la Unión.

Más eficacia y eficiencia

La Vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en su comparecencia ante los medios de comunicación junto a la Vicepresidenta Primera, también ha destacado que la restructuración del sector público empresarial tiene como finalidad "aumentar su eficacia y su eficiencia", además de contribuir a la reducción del gasto público.

Los ejes del acuerdo, según Salgado, son la disminución del número de sociedades mercantiles estatales, ya sea mediante su fusión o extinción, la reducción del número de consejeros en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles y de los entes públicos empresariales y el recorte de directivos en los dos ámbitos: empresas y entes.

La Vicepresidenta Segunda ha precisado que antes del 31 de junio se amortizarán un total de 450 puestos de consejeros y 80 puestos de directivos.

Elena Salgado ha cifrado en 16 millones de euros el ahorro directo que supone estos recortes.