La Seguridad Social ha reducido desde el pasado 1 de enero los trámites necesarios para obtener diferentes prestaciones del sistema de pensiones, con el objetivo de evitar molestias a los ciudadanos y hacer efectivo su derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas. Esta actuación se enmarca dentro de la implantación de la Administración electrónica (Ley 11/2007, de 22 de junio) y de las medidas de simplificación administrativa en el ámbito de la Seguridad Social de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Entre estas medidas, la nueva redacción dada a los artículos 140, 162 y 179 bis de la Ley General de la Seguridad Social en relación a la base reguladora de las pensiones de Incapacidad Permanente por contingencias comunes, jubilación y viudedad tiene como finalidad contribuir a la simplificación administrativa. Para ello toma las bases de cotización del período -que en cada caso corresponda- anterior al mes previo al hecho causante (en lugar del período inmediatamente anterior al hecho causante). Con ello se evita a la persona que solicita alguna de estas prestaciones aportar documentos que hasta 2009 se requerían por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por ejemplo, para la jubilación era necesario que el interesado aportara un certificado de empresa sobre la base de cotización del mes inmediato anterior al de la jubilación, dado que la Seguridad Social no dispone de esa información en el momento del inicio del expediente administrativo, ya que el plazo para la liquidación e ingreso de las cotizaciones por las empresas vence el último día del mes siguiente al que corresponde su devengo.

La reforma operada en Presupuestos fue precedida de estudios que confirmaron una repercusión insignificante o nula en la cuantía de las pensiones y, a cambio, supone una mejora importante en el trámite de estas prestaciones con menos papeleo, lo que en definitiva redunda en beneficio de los ciudadanos.