Con vistas a las conversaciones de la ONU sobre clima que tendrán lugar la próxima semana, la UE ha presentado un estudio sobre la viabilidad de llevar más allá los objetivos de reducción de las emisiones.

La UE se ha comprometido ya a reducir, de aquí a 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos un 20% respecto a 1990. En la Conferencia de Copenhague sobre clima prometió aumentar ese objetivo hasta el 30% si otros países altamente contaminantes hacían lo mismo. A falta de un acuerdo, los ministros de medio ambiente pidieron a la Comisión que estudiara la posibilidad de que la UE actuase por sí misma. Connie Hedegaard, Comisaria de Acción por el Clima, ha presentado los resultados.

Según el estudio, el objetivo del 30% costaría a los países de la UE en conjunto 81.000 millones de euros al año, equivalentes al 0,54% del PIB. Esa cantidad representa 33.000 millones de euros más al año que lo que costaría el objetivo del 20% hoy, pero sólo 11.000 millones de euros más respecto a 2008.

La disminución del coste refleja la menor demanda de energía durante la recesión y la subida de los precios del petróleo, que han hecho bajar el precio de la contaminación en Europa. La UE quiere que las industrias pesadas compren derechos de emisión, que pueden negociar en varios puntos de intercambio en Europa. Tomando como referencia los precios del carbono, el coste del objetivo vinculante del 20% ha bajado un 30% desde 2008, de 70.000 a 48.000 millones de euros al año.

El estudio afirma que, si se pasa al objetivo más estricto, se estimulará la economía y se reducirá la dependencia del petróleo y el gas extranjeros. Será también más fácil que Europa alcance su objetivo de reducir un 80% las emisiones de aquí a 2050.

También ello podría dar un nuevo aliento a las negociaciones sobre el clima después de la decepción de Copenhague, cuando no se pudo alcanzar un acuerdo internacional vinculante contra el cambio climático. Las conversaciones de la ONU, estancadas desde entonces, van a reanudarse el 31 de mayo.

El estudio plantea las maneras de lograr mayores recortes y las repercusiones de ese objetivo más estricto fuera de la UE. Entre las primeras están la imposición sobre los derechos de emisión y la utilización de esos derechos para recompensar a las industrias respetuosas del medio ambiente.