"El objetivo del Protocolo de Conformidades firmado en abril de 2009 entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española era no sólo que aumentara el número de conformidades, sino que éstas se hicieran bien, tanto por el momento en que se realizan como por la forma de la conformidad", manifestó recientemente el consejero del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Tortosa, Josep Canicio, en la inauguración del Curso 'La Conformidad Penal. Evaluación de los Protocolos suscritos con el CGAE', que se celebró en la sede de la Fiscalía General del Estado". Por su parte, Pedro Crespo, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado destacó que el protocolo nació "con unas pretensiones modestas, una redacción simple y la aspiración de convertirse en una herramienta ágil para que las partes pudieran resolver un problema fundamental como es la sobrecarga ‘inútil' de nuestro sistema judicial y conseguir una actuación mejor concertada que dote de mayor rapidez y simplicidad la actuación de fiscales y abogados en beneficio de los ciudadanos".
Este acuerdo entre la Fiscalía y el CGAE surgió como una propuesta del Consejo General de la Abogacía Española para simplificar determinados trámites del proceso penal que no tienen una trascendencia práctica y complican los procesos, y que coincide plenamente con la idea de la Fiscalía de avanzar el terreno para reformar en su totalidad la Ley y lograr una nueva visión del proceso penal. Para Josep Canicio, "la valoración de la Abogacía es muy positiva", aunque, como puso de manifiesto Crespo, los resultados son irregulares en función de los sitios en los que se ha aplicado.
Desde la firma entre el CGAE y la Fiscalía del Protocolo de Conformidad Penal, numerosos Colegios de Abogados han llegado a acuerdos con las distintas fiscalías provinciales. Además del CGAE, los han suscrito los Colegios de Abogados de Burgos, Barcelona, Castellón, Málaga, Madrid, Valencia, La Rioja, Alicante, Las Palmas, Valladolid, Antequera, Tortosa, Vic, Alcoy, Jaen, Pamplona, Ourense, Vizcaya, Elche, Orihuela, Castellón, Sant Feliú, León y Lérida, entre otros. Además, otros Colegios de Abogados como Córdoba o Cádiz ya han iniciado las gestiones para llevar a cabo el convenio. Por otra parte, algunos Colegios de Abogados como el de Manresa, Reus, Salamanca o Sevilla ya habían establecido otro tipo de acuerdos con la Fiscalía para agilizar los trámites con anterioridad.
El curso, 'La Conformidad Penal. Evaluación de los protocolos suscritos con el CGAE', celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado", se prolongará hasta mañana, para analizar la gestión y los objetivos y compartir la experiencia en la aplicación de este acuerdo.
Ventajas para la Justicia, las víctimas, los acusados y los ciudadanos
La aplicación de este Protocolo mejora sensiblemente la Administración de Justicia, siendo beneficiosa para toda la sociedad en general. Por un lado, y en relación a la Administración de Justicia, este Protocolo incide en la descongestión de los Juzgados, colaborando a reducir el colapso que muchos de los juzgados y tribunales vienen padeciendo, al agilizar la finalización de procesos penales por vía del acuerdo entre las partes. Además, evita problemas en las agendas de los órganos de enjuiciamiento a la hora de hacer los señalamientos, permitiendo una mejor programación al conocer de antemano alguna de las conformidades y poder señalar días específicos para las mismas.
Por otro lado, también produce efectos beneficiosos a todos los ciudadanos que se ven obligados a colaborar con la administración de Justicia -testigos, funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, peritos...- ya que al preverse, con antelación suficiente, la conformidad de las partes en el proceso, se evitan citaciones, esperas y molestias innecesarias.
Las víctimas también se ven beneficiadas, ya que de forma más ágil y segura pueden ser reparadas del daño causado y los acusados verán finalizado el proceso de forma consensuada sin tener que presenciar a la puerta del Juzgado el intento de conformidad entre abogado y fiscal.
El ámbito de aplicación de este Protocolo se limita a los delitos cuyo enjuiciamiento sea competencia de los Juzgados de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Penal, de la Audiencia Provincial y de la Audiencia Nacional. Se prevén excepciones puntuales que están recogidas en el convenio.
Así funciona el Protocolo
El Protocolo prevé un sistema de conformidades simple y ágil: por un lado, las distintas Fiscalías y Colegios de Abogados -o agrupaciones de los mismos-, contarán con fiscales y letrados cuya misión fundamental será el seguimiento, aplicación y correcto desarrollo de este Protocolo, solventando las incidencias que puedan producirse. La Fiscalía mantiene un servicio de incidencias diario para atender las conversaciones o pactos sobre conformidad, con independencia de quién sea el fiscal asignado al asunto.
El fiscal de incidencias actúa para la conformidad como si fuera el designado conforme a las normas de reparto a los efectos de poder atender los acuerdos y, en su caso, presentar un escrito conjunto al órgano competente según la fase procesal. También facilita la cita entre los fiscales y los letrados.
Por su parte, los Colegios de Abogados designan uno o varios letrados coordinadores para facilitar la labor de la Fiscalía en cuanto a la localización de letrados defensores con los que la Fiscalía quiera contactar para una posible conformidad, así como prestar a los abogados defensores la localización de los Fiscales con los que contactar.
Cuando se alcanza una conformidad, es la Fiscalía la que se encarga de ponerlo en conocimiento del juzgado o tribunal, de manera que se agiliza lo máximo posible la vista oral de conformidad. De esta forma se pueden unificar en un mismo día distintas vistas de conformidades.
