"La Justicia lenta no es Justicia". Así lo denuncia la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) por infringirse los derechos de los clientes bancarios ante el retraso que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas, que tardan hasta dos años en admitir a trámite las demandas y unos tres años en dictar sentencia.

La asociación ha denunciado esta situación ante el Ministerio de Justicia y ante el Defensor del Pueblo, al considerar vulnerado el artículo 24 de la Constitución, dado que no se está garantizando la tutela efectiva en los tribunales. Además, la dilación de los procedimientos termina disuadiendo al consumidor de reclamar.

Actualmente, se están admitiendo a trámite en Madrid demandas de cláusula suelo, gastos hipotecarios e hipotecas IRPH presentadas en el año 2018. Y este paso es sólo el primero que siguen estos pleitos; luego habrá que esperar, como mínimo, tres años, para tener sentencia de primera instancia, que los bancos suelen recurrir, a lo que se sumarán uno o dos años más. Más de un lustro de espera para una sentencia firme que suele ser, en el 90% de los casos favorable al consumidor. El récord lo ostenta un expediente que tardó en admitirse a trámite más de cuatro años y medio.

Organismo de control

Con relación a la Autoridad bancaria de defensa del cliente bancario cuya creación anunció a principios de mes la vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, es importante que goce de credibilidad y poder sancionador. Sus resoluciones deberán ser vinculantes y, una vez detectada una mala práctica, deber a establecerse un sistema sancionador que disuada de manera efectiva a las entidades evitando la judicialización de las reclamaciones.

El funcionamiento de este nuevo organismo de control debería ayudar a mejorar este tipo de supervisión. Ya tenemos órganos supervisores de las entidades financieras cuya labor, sin duda se verá reforzada con una autoridad independiente con capacidad sancionadora; por no hablar de lo que supondrá a para los tribunales en términos de aminorar el colapso a consecuencia de las reclamaciones que terminan llegando a juicio.