“Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos”. Así reza el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respaldo normativo que ha servido de base a la Abogacía Española para solicitar al Parlamento Europeo que tome cartas en el asunto referente a la ocupación ilegal de viviendas.

Así es, la Abogacía Española participó este jueves en una audiencia del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para instar a las instituciones europeas a que actúen para frenar el fenómeno “okupa” y solucionar la desprotección de la ciudadanía evitando la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular, del derecho de propiedad.

La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, expuso ante el Parlamento Europeo que estas actuaciones suponen una vulneración de la protección de la propiedad, derecho recogido en el citado artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «(...) Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general».

Ocupación ilegal

La decana y consejera del Consejo General de la Abogacía Española resaltó que la ocupación ilegal de inmuebles parte de una causa muy clara: la ausencia de un título válido para ocupar un inmueble de otra persona, física o jurídica, ya sea viviendas de propietarios, de arrendatarios u otras personas con título válido que quedan totalmente desprotegidas por problemas legislativos y procesales.

María Pastor explicó que la ocupación se realiza por individuos o grupos de delincuencia organizada, que actúan de forma planificada y por encargo, con una finalidad lucrativa y, aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad económica a las que se les ofrecen “derechos” sobre el uso de la vivienda, a cambio de dinero o la distribución y tráfico de drogas en esas viviendas, generando un gravísimo problema para las comunidades de vecinos que sufren el deterioro de convivencia que ello comporta. Los ocupantes llegan incluso a extorsionar a los propietarios para que paguen sumas importantes de dinero por la recuperación de su vivienda o que las emplean para cometer delitos muy graves como la trata de personas. Igualmente, destacó que el problema, aún cuando afecta principalmente al ejercicio del derecho de propiedad en España, también se padece por nacionales de otros Estados miembros en su condición de titulares de bienes en nuestro país.

Por ello, en nombre de la Abogacía, de varias plataformas ciudadanas y de un grupo de juristas que representan un sentir mayoritario de la ciudadanía, solicitó la investigación para constatar vulneraciones de estos Derechos Fundamentales, una visita al Estado Miembro y las Comunidades Autónomas con la finalidad de entrevistarse con cuantas personas, organizaciones civiles y profesionales necesarias, un estudio de los hechos que genere un debate Parlamentario aquí en Bruselas, emitan recomendaciones e informes con el objetivo de contribuir a la adopción de una estrategia a una posible reforma conforme al derecho comunitario que incluya medidas más eficaces, y en definitiva iniciar cuantas acciones correctoras se estimen oportunas.

Todas las eurodiputadas y los eurodiputados intervinientes, miembros de la comisión que preside Dolors Montserrat, de tres grupos políticos distintos, compartieron unánimemente la preocupación por la vulneración de este derecho, indicando que además el daño incorpora una dimensión humana (se priva del acceso al resto de bienes, incluidos aquellos con valor sentimental), una dimensión jurídica (que implica la necesidad de mejorar la legislación -especialmente las medidas cautelares-) y una dimensión política por la escasez de presupuesto dedicado a vivienda social en España (2,5% del gasto público en vivienda, muy inferior al de otros Estados miembros).

Compromiso europeo

La Comisión del Parlamento aprobó realizar diversas actuaciones, incluyendo recabar información de las Administraciones públicas competentes a escala nacional y autonómica (41% de los casos afectan especialmente a Cataluña) y de organismos profesionales y organizaciones de la sociedad civil que incluiría, posteriormente, una visita específica para conocer la realidad sobre el terreno.