La iniciativa, que es pionera, se enmarca en las recientes recomendaciones de la OCDE para fomentar la cooperación y la coordinación entre las empresas y la Administración tributaria. La adhesión al código está abierta a todas las empresas que lo deseen, participen o no en el Foro. Fomenta la transparencia y la cooperación en la práctica fiscal empresarial y aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias. Reducirá la litigiosidad fiscal. En paralelo se están desarrollando trabajos para la reducción de cargas administrativas a las empresas.

El Foro Tributario de Grandes Empresas aprobó ayer el código de buenas prácticas tributarias. La reunión estuvo presidida por la Vicepresidenta segunda y Ministra de Economía y hacienda, Elena Salgado, y  asistieron el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña y el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Juan Manuel López Carbajo, así como representantes de los consejos de las veintisiete empresas participantes.

Este código, de libre adhesión por parte de todas las empresas, estén o no representadas en el Foro Tributario de Grandes Empresas, es pionero en el mundo y es fruto del trabajo cooperativo con una amplia representación del tejido empresarial, basado en los principios de transparencia y confianza mutua. La OCDE recomienda el desarrollo de estas relaciones y la asunción de compromisos de buen gobierno corporativo en materia tributaria. España es el primer país que cuenta, desde hoy, con un código de estas características, elaborado y aceptado expresamente por ambas partes.

Para las empresas que se adhieran significa ratificar su compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo, con la transparencia, con la cooperación en la práctica fiscal así como con la colaboración con la Administración en la detección de prácticas fraudulentas.

Por su parte, la Agencia Tributaria se compromete a aportar una mayor seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas tributarias, publicitando los criterios de aplicación general y posibilitando las consultas previas y el establecimiento de criterios sobre el tratamiento tributario de determinadas operaciones especialmente complejas, lo que supondrá la reorganización de determinadas áreas de la Agencia Tributaria.

Este aumento de la seguridad jurídica permitirá reducir de forma considerable la litigiosidad, que en el caso de los grandes expedientes fiscales puede llegar a alcanzar los quince años.