Tras conocer el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo que vienen a prohibir a la Colegios de la Abogacía la elaboración y utilización de criterios para la emisión de informes de tasaciones de costas a lo que están obligados por ley, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española denuncia la caótica situación creada que ha dejado en una absoluta inseguridad al justiciable.

El Consejo considera que las sentencias limitan el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva al no poder tener con antelación un conocimiento, siquiera aproximado, del coste del procedimiento judicial en el caso de que exista la condena en costas.

El pleno del Consejo, celebradao el 3 de febrero, ha estudiado todas las vías de actuación para garantizar a los ciudadanos como consumidores su derecho a conocer los posibles efectos de acudir a los tribunales en defensa de sus derechos. En este sentido, ha decidido iniciar las oportunas acciones judiciales, así como promover modificaciones legislativas que permitan a los Colegios cumplir con la obligación que les impone la ley, garantizando el principio de seguridad jurídica.