El 13 de marzo entra en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como "Ley de Denunciantes".
La normativa busca blindar los canales de denunciar y proteger a quienes, dentro de una organización, comuniquen conductas irregulares, afectará al sector público y será de aplicación a todas las administraciones, sin excepción. Ayuntamientos, comunidades autónomas o diputaciones tendrán la obligación de crear un sistema interno de comunicación, entre otros deberes de información y control que tendrán que vigilar con lupa.
En este pódcast, dentro de la serie Pódcasts La Ley, Concepción Campos analiza cada uno de los deberes que este nuevo marco regulatorio trae a las administraciones.
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