Con entrada en vigor el 13 de abril, la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental, establece el marco procedimental y normativo para garantizar una adecuada calidad ambiental, para lo cual somete las actividades susceptibles de producir molestias, alterar la calidad del medio ambiente u ocasionar riesgos o daños a la salud de las personas o al medio ambiente a un régimen de intervención administrativa con el fin de evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, así como potenciar la implementación de medidas en materia de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y de desarrollo de la economía circular.

Se aplica a actividades e instalaciones (publicas o privadas) que se desarrollen en el Principado y que por su incidencia medioambiental se precisa de una autorización administrativa (bien de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, bien de otras normativas estatales y/o autonómicas que les sean de aplicación, o que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, según la Ley 21/2013, con las excepciones que contemple la normativa básica estatal). También se aplica a aquellas actividades e instalaciones que, por su escasa incidencia ambiental, no requieran resolución expresa previa que habilite su ejercicio y para las que la normativa sectorial de carácter ambiental establezca únicamente un régimen de comunicación o declaración responsable.

Información y participación pública en materia ambiental

En primer lugar, la norma define los derechos de los ciudadanos en materia de acceso a la información sobre el medio ambiente, estableciendo las bases del sistema de información ambiental para garantizar su efectividad.

La Consejería tendrá que elaborar y publicar anualmente un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente en el Principado y cada cuatro años un informe integral.
Además, la Administración del Principado garantizará el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental que obre en su poder o en el de otros sujetos que la posean en su nombre y facilitará su difusión y puesta a disposición del público de la manera más amplia y sistemática, garantizando la igualdad de acceso, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos. Para ello dispondrá de un sistema de información ambiental de acceso público que tenga por objeto la integración de la información ambiental para facilitar su acceso y utilización en la gestión, la investigación, la difusión pública y la toma de decisiones en materia de medio ambiente.

En segundo lugar, se crea el Consejo de Medio Ambiente un órgano consultivo y de participación en materia de medio ambiente que tiene por objeto favorecer la relación y participación de las Administraciones públicas y los agentes económicos, sociales e institucionales en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales, así como orientar la toma de decisiones en las cuestiones de ámbito autonómico con incidencia directa sobre la calidad ambiental.

Instrumentos para la mejora de la calidad ambiental

El texto dota de una serie de instrumentos, tales como la celebración de convenios de colaboración y la suscripción de acuerdos voluntarios para la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad ambiental, el fomento de la inscripción en el registro de huella de carbono (hacia una transicion con una economia baja en carbono), de la etiqueta ecológica comunitaria, para promover la producción y el consumo de productos con un impacto medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida y de proporcionar esa información a los consumidores, y de la ecoinnovación y la economía circular, para lo cual la Consejería aprobará una Estrategia de Economía Circular, la compra y contratación pública verde, para impulsar la economía baja en carbono, la ecoinnovación y la economía circular, la posibilidad de utilizar la fiscalidad ambiental para gravar el desarrollo de actividades que tienen una incidencia ambiental negativa.

Además, la Administración del Principado y sus organismos y entes públicos incluirán, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, partidas destinadas a actuaciones en materia de la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la prevención como de la mitigación y la adaptación.

Instrumentos de intervención administrativa

La nueva ley establece que las actividades e instalaciones públicas y privadas que operan en la comunidad autónoma y que están comprendidas en su ámbito de aplicación, queden sometidas (según el grado de incidencia en el medio ambiente y en la salud de las personas):  

- Autorización ambiental integrada ordinaria, para las actividades de mayor incidencia ambiental

- Autorización ambiental integrada simplificada, para las actividades de incidencia ambiental moderada, aquellas no incluidas en el anexo, que requieren evaluación de impacto ambiental ordinaria o una autorización ambiental sectorial en materia de agua, aire, suelo o residuos conforme a la normativa estatal o autonómica.

- Declaración responsable ambiental, para las actividades que por su menor incidencia ambiental no están sometidas a autorización ambiental integrada (ordinario o simplificada). Si se precisara de evaluación, estaría sería simplificada.

Como la Consejería del Principado es el órgano sustantivo ambiental para la concesión de la autorización ambiental integrada, la norma desarrolla el procedimiento de tramitación de las autorizaciones ambientales integradas (para su otorgamiento, modificación, revisión o transmisión de la titularidad).

Asimismo, se ocupa de su vigencia y caducidad y determina los efectos del cese de la actividad y las obligaciones tras el cierre de la instalación.

Por otra parte, se desarrolla el régimen jurídico de la declaración responsable ambiental, al que quedan sometidas aquellas actividades e instalaciones, que por su menor incidencia ambiental no requieran ser sometidas a autorización ambiental integrada, ni a evaluación de impacto ambiental ordinaria, siendo el ayuntamiento donde se vaya a desarrollar la actividad el órgano sustantivo ambiental ante el que deberá formularse la declaración responsable ambiental.

Detalla las obligaciones de los titulares de actividades sujetas a declaración responsable ambiental, que deberá presentarse con anterioridad al inicio de la actividad, la documentación a incluir ante el órgano sustantivo ambiental y los efectos de la presentación de dicha declaración responsable ambiental.

Por último, la norma crea el Registro de Autorizaciones Ambientales del Principado, en el que se inscribirán las autorizaciones ambientales integradas otorgadas en el Principado de Asturias, su actualización, revisión y/o modificación.

Coordinación entre instrumentos de intervención administrativa ambiental

La nueva ley contiene los mecanismos de coordinación entre las autorizaciones ambientales integradas y otros regímenes de evaluación ambiental de ámbito estatal o autonómico y con otras autorizaciones ambientales sectoriales de ámbito estatal.

Además, se ocupa de la relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental, de la coordinación de la autorización ambiental integrada con la autorización sectorial estatal en materia de vertidos y de la coordinación de la evaluación de impacto ambiental con la evaluación de impacto en salud.

Vigilancia, control e inspección ambiental

Dispone que las actividades sujetas a autorización ambiental integrada se someterán a los controles ambientales periódicos que se establezcan en la propia autorización y contempla los supuestos de suspensión del funcionamiento de instalaciones o de actividades.
Igualmente, se refiere a la actividad de colaboración de los organismos de control ambiental y la necesaria colaboración interadministrativa.

Régimen disciplinario

Instaura las obligaciones de reparar el daño medioambiental y de indemnizar los daños y perjuicios causados y se ocupa de las ejecuciones forzosa y subsidiaria de las medidas provisionales y de la publicidad de las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves y graves, una vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, o, en su caso, judicial.