El Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley 3/2023 de 30 de marzo de Economía Circular de Andalucía. Esta norma entrará en vigor el 1 de mayo y regula una serie de medidas con el fin de lograr la transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental basado en una economía circular, donde se fomente el uso eficiente de los recursos, se alargue la vida útil de los productos y se minimice la generación de residuos.

Se aplicará a sectores y actividades públicos y privados, a las fases del ciclo de vida de un producto o servicio (que se produzcan, gestionen o presten en Andalucía). Esta norma pretende contribuir al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo, a la preservación de los espacios y recursos naturales, considerando al tejido empresarial, a los agentes del conocimiento y a la ciudadanía como elementos clave para esta transición mediante la prevención y la correcta gestión de residuos y un consumo responsable.

Gobernanza

Se crea la Oficina Andaluza de Economía Circular, como unidad administrativa para el desarrollo de funciones de asesoramiento, dinamización, coordinación y gestión de las acciones en ella previstas.

Se establece la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Economía Circular, donde se integrará y armonizará los principios y criterios de la economía circular incluidos en los planes y estrategias sectoriales. En especial, las planificaciones relativas a producción y gestión de residuos y bioeconomía circular, así como de instrumentos de planificación de ámbito local por una economía circular, que deberán contener la planificación local en materia de prevención y gestión de residuos (atendiendo a los artículos 28 y 29 de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, conforme a la planificación estatal y autonómica en materia de residuos).

Se van a introducir medidas de circularidad en la contratación pública ecológica, además se señala las cláusulas medioambientales y circulares que deben incluirse en el proceso de contratación pública y en los términos que se establezcan reglamentariamente

Implantación de la economía circular

Se implantará el análisis de ciclo de vida de productos, obras y servicios para identificar y calcular los impactos ambientales atribuibles a un producto, obra o servicio durante todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se suceden durante su existencia. Su metodología se regirá por los estándares aceptados internacionalmente.

Asimismo, se crea el Registro público andaluz donde se procede a la inscripción voluntaria del análisis de ciclo de vida de los productos, obras o servicios producidos, prestados, distribuidos o comercializados en Andalucía por parte de cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

La norma establece mecanismos para lograr la circularidad en la producción y el consumo y la lucha contra la obsolescencia, que permita la aplicación de los principios de sostenibilidad a los productos, promueva la transición hacia la economía de funcionalidad y de servicio y establezca medidas específicas para reducir la cantidad de residuos generados.

Se establecen los criterios que han de regir la aplicación de los principios de sostenibilidad de los productos a promover por la Administración y las acciones que fortalezcan el cambio hacia una economía de funcionalidad y de servicio. Además, regula la gestión de los bienes no vendidos y el impulso a la reparación y contempla la promoción del consumo sostenible y responsable.

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará, dentro de sus competencias, que los servicios que se presten a las personas consumidoras se realicen en consonancia con los parámetros de circularidad que se establecen.

Se impulsará la circularidad a través del desarrollo de mecanismos de promoción de las actividades relacionadas con la economía circular, que deberán enfocarse a proyectos relacionados con las actividades que considera prioritarias.

Gestión de los residuos

Se refuerza la aplicación del principio de jerarquía de los residuos y se establecen los principios de la economía circular a través de la regulación de ciertos aspectos básicos en materia de residuos, contemplándose la gestión circular de los residuos (en especial los residuos municipales)

La norma se ocupa de la adaptación de los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto hacia aquellos productores que asuman voluntariamente responsabilidades financieras, o financieras y organizativas, para la gestión en la fase de residuo del ciclo de vida de un producto.

Se establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para simplificar los procedimientos y eliminar las trabas administrativas para la consideración de subproducto y fin de la condición de residuo, asegurando la protección de la salud de las personas y el medio ambiente. Se contempla la necesidad de desarrollar los procedimientos específicos para que una sustancia u objeto de un proceso productivo, que se encuentre en Andalucía, se considere subproducto; además, especifica el procedimiento para que, en ausencia de órdenes ministeriales, un residuo valorizado en una instalación ubicada en territorio andaluz pueda dejar de ser residuo para su uso en una actividad o proceso industrial.

Cadenas de valor de productos clave

Para la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y vehículos, la Oficina Andaluza de Economía Circular, en colaboración con las Consejerías competentes en materia de educación y de servicios sociales, fomentará la constitución en empresas y otras entidades públicas y privadas de fondos circulares de conectividad para combatir la brecha digital, que faciliten a la comunidad educativa y a las familias con menos recursos el acceso a aparatos electrónicos que aún cuenten con vida útil.

Se contempla la transición hacia la economía circular en los alimentos, nutrientes y bioproductos, estableciendo el objeto y los mecanismos de coordinación necesarios para la implementación de políticas en materia de bioeconomía circular y la necesidad de planificación sobre desperdicio alimentario para disminuir la cantidad de productos de alimentación aptos para el consumo destinados a residuos. Las Administraciones tendrán que impulsar acuerdos entre entidades de economía social, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas del sector de la alimentación y distribución alimentaria, para la donación de productos alimentarios que no hayan sido vendidos o no cumplieran con estándares estéticos para su comercialización, cumpliendo con parámetros de calidad y seguridad alimentaria y aptos para el consumo, evitando así su depósito en vertedero.

Se aplicará la economía circular en la gestión del ciclo integral del agua, para conseguir el buen estado, protección, satisfacción de demanda y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Se aborda la adopción de técnicas de drenaje sostenibles para la recogida separativa de las aguas pluviales para ser reutilizadas o regeneradas, la adopción de medidas por parte de los titulares de derechos de uso privativo de aguas clasificadas como en mal estado en los correspondientes planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas competencia de la Administración para corregir los efectos negativos de dicho uso, las aguas regeneradas y el impulso por la Consejería competente en materia de medio ambiente de medidas para la reutilización de los lodos procedentes de depuración.

Formación, investigación, desarrollo e innovación

A través de la contribución y confluencia de todos los sectores implicados, como centros de investigación, universidades en el que confluyen oferta y demanda de soluciones e innovaciones técnicas destinadas a tal fin.

Dispone que la Consejería competente impulse a través de la Oficina Andaluza de Economía Circular la constitución del Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía, con el fin de crear una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas que actúen en el campo de la economía circular, incluyendo a las empresas proveedoras de servicios avanzados (conocimiento, ingeniería), de tecnología y de capacitación para el sector, las que favorezcan la comercialización de sus productos o servicios, así como a los productores primarios, y a la industria extractiva y de primera transformación.