El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, por no estimar justificada la urgencia que alegó el Gobierno para aprobar esta norma rechazada por los sindicatos y que dio lugar a una huelga general.

El Tribunal estima así los recursos contra este decreto que presentaron entonces la Junta de Andalucía y diputados de los grupos del PSOE, IU y Mixto en el Congreso. Según fuentes del Constitucional, es la primera vez que este tribunal anula un decreto ley por no estimar justificada la urgencia y extraordinaria necesidad de legislar en esta materia alegadas por un Gobierno.