El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon (TSJCyL), José Luis Concepción, presentó este jueves la memoria judicial del año 2022 que refleja unos datos preocupantes. El principal es el aumento del número de casos que hace insuficiente el número de plazas que asignó el Ministerio de Justica el año anterior, según denunció Concepción. El presidente instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto de la huelga de funcionarios, que amenaza con empeorar la situación.

Según los datos de la memoria, el número de asuntos que se registraron en los órganos judiciales de Castilla y León fue en 2021 de 275.411, mientras que en 2022 el registro global fue de 289.797.

Este ascenso se ha reflejado en los órdenes jurisdiccionales civil (2% más) y penal (7,3% más). Por el contrario, en social (2,2% menos) y contencioso-administrativo (5,6% menos) se ha producido un descenso en el número de asuntos registrados. 

La resolución de los casos también ha presentado una variación. En 2021 fue de 278.187, lo que supone 5.038 más.

Valoraciones

Concepción ha señalado que “resulta evidente que los datos reflejan una recuperación en cuanto al número de asuntos ingresados y resueltos tras la situación excepcional vivida en 2020 y 2021, e incluso se ha producido un incremento respecto del año 2019, anterior a la pandemia. Esto es muy significativo y apunta a la carga de trabajo ingente que soportan nuestros órganos judiciales”. 

En la misma línea, el presidente del TSJCyL ha recordado que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconseja que se creen más plazas judiciales en la Comunidad de Castilla y León, esto no ha sido atendido por el Ministerio de Justicia en los términos solicitados.   

“El Ministerio atendió de manera muy poco significativa estas peticiones. En el Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre acordaba la creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022, de las cuales sólo tres (un magistrado en la sección civil de Audiencia Provincial de León, el Juzgado Social 2 de Segovia y el Juzgado Social 3 de Salamanca) corresponden a Castilla y León. Es insuficiente a todas luces para paliar nuestras necesidades”, ha asegurado. 

Reivindicaciones

Concepción reitera que se creen nuevas plazas judiciales para que la Administración de Justicia de la comunidad funcione de una manera adecuada. En concreto, las siguientes: 

- Audiencias Provinciales: una plaza de magistrado en la AP de Burgos (penal); una plaza de magistrado en la AP de Segovia; y una plaza magistrado en la AP de Valladolid (penal).

- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila, Palencia, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Soria.

- Juzgados de Primera Instancia: un juzgado en los partidos judiciales de Salamanca, León y Valladolid.

- Juzgados de Familia: un juzgado en los partidos judiciales de Ponferrada y Valladolid.

- Juzgados de lo Penal: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila y Salamanca.

- Juzgados de Violencia contra la Mujer: un juzgado en los partidos judiciales de León y Segovia.

- Juzgados de lo Social: un juzgado en Burgos.

- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: un juzgado en Soria. 

Visto lo anterior, queda patente de la importancia actual de que se cree nuevas vacantes, que además resolvería la necesidad de cubrir otros puestos que no se han cubierto como la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL

“La plaza de magistrado de designación autonómica está vacante por jubilación porque la regulación legal impide que el CGPJ no renovado realice nombramientos. Resulta necesario que se produzca inmediatamente esa renovación del Consejo porque está ocasionando retrasos, como todos sabemos, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, lo que afecta a la tutela judicial efectiva”, ha enfatizado.  

Huelga de letrados y funcionarios 

Esta huelga, que comenzó el 24 de enero y que finalizó el 28 de marzo de 2023, provocó que la Comisión Permanente del (CGPJ) solicitase a los presidentes de los Tribunales Superiores unas medidas de contención para paliar los efectos de los paros.

Para evaluar el estado de la situación de cada órgano judicial, el presidente del TSJCyL solicitó a los jueces decanos, a los presidentes de Audiencias Provinciales y de Salas, un informe sobre juicios suspendidos, fechas de señalamientos y medidas de refuerzo necesarias, entre otros aspectos. 

Aunque no se han recibido todos los informes, han sido suficientes para que Concepción haya tenido que comunicar al CGPJ de la Comunidad que se han suspendido más de 6.600 juicios en todas las jurisdicciones, sin contar diligencias de tramitación o ejecución suspendidas también a raíz de la huelga, siendo Valladolid, León y Segovia las provincias con mayor incidencia. 

“Estas vistas orales se encuentran ya señaladas nuevamente, resultando que los órganos de este territorio han visto sus agendas prolongadas en todos los casos, si bien la fecha más tardía en dichas agendas está en el mes de noviembre de 2023, con la excepción de los Juzgados de lo Social, en particular del partido judicial de Valladolid, en cuyas agendas los juicios se sitúan ya en abril de 2024 en algunos casos”, ha asegurado Concepción. 

El presidente del alto tribunal regional ha destacado además que “a la fecha de los informes remitidos se desconocía en muchos casos el número de asuntos pendientes de entrada (es decir, asuntos no repartidos con motivo de la huelga) y en otros ese número (por ejemplo, demandas en lo Civil) es ciertamente elevado, lo que sugiere que esas fechas en las agendas se verán rápidamente superadas de modo que los señalamientos en breve se situarán en el año 2024 en todas las jurisdicciones”. 

“Es por lo anterior que los magistrados y jueces de este territorio, en su mayoría, no han solicitado medidas de refuerzo más allá de solicitar en algún caso prolongaciones de jornada de los funcionarios o reservar la posibilidad de solicitar medidas de refuerzo en el momento en que se conozca el número de asuntos de nueva entrada conforme se vaya retomando la actividad ordinaria”, ha afirmado. 

En relación con la huelga indefinida de funcionarios de la Administración de Justicia que ha comenzado esta semana y que conllevará nuevas suspensiones de vistas y de trámites en todos los órganos judiciales, Concepción ha señalado que “será necesario evaluar nuevamente el estado de situación por cuanto que el informe remitido al CGPJ es una fotografía fija correspondiente a un momento determinado, superada por otra huelga que puede provocar el colapso de la Justicia”. 

“Reclamamos por tanto al Gobierno la inmediata solución de este nuevo conflicto para que los ciudadanos y los profesionales del derecho no se vean afectados en sus legítimas expectativas”, ha concluido.