La oportunidad de un tratado internacional para dar visibilidad a las personas mayores y reconocer sus derechos
La jornada, titulada “Hacia una Convención Internacional de los derechos de las personas mayores” y celebrada en la sede del Colegio de Registradores de España y cuya grabación íntegra puedes ver en este enlace, reunió a ponentes de primer nivel en la materia para debatir sobre la pertinencia de un Convenio internacional como instrumento de protección de los derechos de las personas designadas tradicionalmente de “tercera edad”, al que pertenece un grupo considerable de personas con una realidad y situación muy heterogénea.
El encuentro fue presentado por Sergio Saavedra Morales, Vocal de Internacional del Colegio de Registradores de España, quien recordó que Jubilare “es una forma de llamar a la ilusión y a la alegría, de ver de otra manera el momento en el que las personas se hacen mayores”, una comisión multidisciplinar constituida por el Colegio de Registradores de España con el fin de fomentar el debate y el análisis de la realidad existente en torno al envejecimiento de una manera optimista, con el objetivo de aportar soluciones, concienciar a la sociedad y logra una implicación intergeneracional. La jornada fue celebrada el pasado miércoles 14 de junio, en la víspera del Día Mundial de Concientización sobre el Abuso y Maltrato de la Vejez. Adela Asua, catedrática de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional y miembro de la Comisión Jubilare, fue la moderadora del acto, subrayando que la arquitectura jurídica actual y la organización de la sociedad “no ha tenido en cuenta, o apenas ha tenido en cuenta, cuáles son los obstáculos más reseñables con los que se encuentran las personas de cierta edad a la hora de ejercer sus derechos”.
Asua, quien dijo que el tema abordado “es un problema de orden general mundial”, expuso que desde el año 2010 se han creado Grupos de Trabajo a nivel de Naciones Unidas para abordar los derechos de la tercera edad y el envejecimiento. “Parece que se aproximan a la elaboración de un embrión de proyecto de convención sobre los derechos de la tercera edad”, afirmó.
Además de Christian Courtis, que habló de la agenda actual de este Grupo de Trabajo, de los aspectos más discutidos y de las distintas posiciones políticas que se proyectan en apoyos o rechazos a iniciativas y de las perspectivas de avance, también participaron Fernando Flores, director del Instituto de DDHH de la Universidad de Valencia, e Isabel Martínez, presidenta de HelpAge España, organización dedicada a la ayuda a las personas mayores para reclamar sus derechos, enfrentarse a la discriminación y superar la pobreza, y que persigue la creación de una Convención internacional de la ONU sobre los derechos de las personas mayores.
Derechos con fecha de vencimiento
¿El marco de los instrumentos vinculantes obligatorios existentes es suficiente para la protección de los derechos de las personas de edad o es necesario primero identificar brechas y segundo proponer un instrumento nuevo dedicado a las personas de edad? Christian Courtis, experto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comenzó su ponencia haciéndose esta pregunta para dar paso a exponer una serie de brechas que el Grupo de Trabajo ha identificado durante trece años y que son necesarias subsanar en el actual marco de protección.
“Sería importante que cristalizasen en un instrumento nuevo”, afirmó Courtis, para añadir que hay ejemplos en todo el mundo de discriminación rampante sobre la base de la edad en el ejercicio de derechos en el plano civil, económico, social, cultural y político. “Hay muchos países del mundo donde hay una fecha límite para ejercer cargos públicos. Hay fecha límite para presentarse a un concurso. Fecha límite para ejercer como presidente. Hay discriminaciones en muchos países del mundo sobre la base de la edad. Tienen fecha de vencimiento en el ejercicio de derechos”, sostuvo Courtis.
El ponente tocó el tema de los cuidados e insistió en la idea del reconocimiento de la plena capacidad de los mayores para decidir con autonomía dónde y cómo quieren vivir. Asimismo, hizo mención del derecho al trabajo y la jubilación obligatoria por edad. “La pregunta es si esto no es una afectación desproporcionada a la libertad de trabajar. Hay un estereotipo de que la persona adulta mayor pasa de ser una persona activa y productiva a una persona pasiva de la que la sociedad se tiene que hacer cargo. Se refleja en esta idea de que cuando llegue a los 60, 62 o 65 años va a un rincón”, dijo el ponente, para situar el foco en la idea de cómo pensar en una transición entre trabajar y pasar a gozar de la seguridad social sin que se convierta en una opción obligatoria.
Tampoco se olvidó de recordar que la seguridad social es común en países con un sistema de trabajo formal, mientras que “en dos tercios del mundo” la mayoría trabajan en sistemas informales, es decir, no contributivos, por lo que la pobreza al llegar a una determinada edad supone un riesgo para este tipo de personas mayores.
Sobre el derecho a la salud, se refirió al triaje que se vivió durante la fase más complicada de la pandemia por Covid 19, el experto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y puso de manifiesto la falta de mención a los cuidados paliativos y los cuidados de fin de vida “en el que la mayoría de los sistemas de salud no están preparados”. Existen restricciones y obstáculos importantes para el uso de opiáceos que son componentes importantes para los cuidados paliativos.
Por último, Courtis habló sobre la brecha digital, que está produciendo una mayor exclusión de las personas adultas mayores. Una tecnología que “se supone que nos libera pero que en realidad está constituyendo una cárcel” para las personas mayores, ya que muchas veces supone una barrera al ejercicio de derechos. Por ejemplo, derechos electorales o derechos de la seguridad social. “En muchos países del mundo las personas adultas mayores están ausentes en las estadísticas. Se acaban a los 60 o 65 años, así que hay muchos países que no registran estadísticas sobre personas adultas y por ende es difícil realizar políticas públicas destinadas a ese grupo porque no se sabe dónde están, cómo están, cuánto ganan o si están cubiertos o no”, afirmó.
El tema del envejecimiento, señaló el ponente, ya no es solo un problema de los países más avanzados. Las proyecciones de Naciones Unidas sobre demografía mundial apuntan que en 2050 va a haber más personas de más de sesenta años que personas de menos de dieciocho.
Invisibles crónicos
El objeto de la intervención de Fernando Flores, director del Instituto de DDHH de la Universidad de Valencia, estuvo dirigido a comentar el impacto normativo que podría tener sobre el ordenamiento jurídico español las convenciones internacionales de Naciones Unidas con carácter general y específicamente una hipotética como la convención de derechos de las personas mayores.
La primera vez que Naciones Unidas se refirió a la discriminación o derechos de las personas mayores fue en 1973, aunque bien es cierto que apareció como idea. Asimismo, el ponente aseguró que “si observamos cuáles son los principales objetivos del programa de trabajo de la presidencia española del Consejo europeo para este 2023, vemos que se nombra la discapacidad, la infancia o la violencia de género, pero se olvida a las personas mayores”. Flores citó un reciente informe de la experta independiente que apunta que las personas mayores, a pesar de la pandemia, permanecen “crónicamente invisibles”. Asimismo, hizo mención al informe del Parlamento Europeo “Derechos humanos y democracia en el mundo 2021” en el que se recogieron, citando textualmente, “las consecuencias extraordinariamente negativas de la covid” afectando “a los grupos en situación de vulnerabilidad en particular, mujeres, personas LGTBIQ, personas en situación de pobreza, niños, personas con discapacidad, migrantes refugiados, solicitantes de asilos, minorías religiosas, trabajadores informales y personas encarceladas o detenidas”, pero olvidando a las personas mayores, aseguró el ponente.
¿Valdría la pena una Ley Orgánica integral de derechos de las personas mayores o no? Se preguntó el director del instituto de DDHH de la Universidad de Valencia, para concluir que un impacto normativo sería “favorable o beneficioso y un instrumento que ayudaría”. Tan solo el hecho de discutirlo ya sería interesante, justificó.
Convención para el cambio social y cultural
Para abrir su ponencia, Isabel Martínez, presidenta de HelpAge España, quiso recordar el día internacional de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato de las personas mayores. Asimismo, valoró muy positivamente las intervenciones de Flores y Courtis para justificar por qué es necesaria una convención que afronte todos los desafíos que el envejecimiento conlleva, pero sobre todo “las lagunas y todas las vulneraciones de derechos a las que asistimos de manera cotidiana con las personas mayores”.
HelpAge España, que forma parte de la red global de HelpAge International, formada por 158 organizaciones de 86 países, tiene el objetivo de la creación de una Convención internacional de la ONU sobre los derechos de las personas mayores. Tras el encuentro de Jubilare, “tenemos argumentos para defender la convención y ser más activistas”, señaló Martínez, para afirmar que los derechos se conquistan.
De este modo, puso de ejemplo los derechos conquistados por las mujeres a principios del siglo XX, donde comenzaron con las primeras leyes que reconocían el derecho de voto. Una lucha que no tuvo una convención hasta 1979. Remarcó la importancia de las convenciones como instrumentos para que los estados tomen parte para luchar contra las discriminaciones.
Hasta los años 80 las personas mayores “no existían ni en el vocabulario ni en las leyes”, dijo. Hasta el año 1982 Naciones Unidas no celebra la primera asamblea mundial sobre el envejecimiento. “Es la primera vez que la comunidad internacional toma conciencia de que hay un fenómeno sobre el que tenemos que reflexionar y tomar partido y acción”, recordó Martínez, que subrayó que, si bien Europa siempre ha presumido de la región abanderada de los derechos humanos, en el caso de las personas mayores “siempre ha ido a remolque”.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 2022 ya informó al alto comisionado que tendría que presentar un informe para dar cuenta de cómo se estaban protegiendo los derechos de las personas mayores con la legislación actual, tanto en Naciones Unidas como en los estados miembros.
“El informe que la alta comisionada presentó en marzo del año pasado ya es concluyente porque dice que una vez analizado cómo está el marco jurídico internacional en relación con la protección de los Derechos de las personas mayores resulta fragmentario, insuficiente y no vinculante. Es decir, en este informe la alta comisionada ya hace un repaso de las carencias que existen y de lo que la convención tendría que corregir”, explicó Martínez durante su intervención, en la que también citó el primer informe mundial sobre el edadismo que se publicó por la Organización Mundial de la Salud en el año 2021. Un informe en el que se afirmaba que el 50% de la población es edadista.
“Es clave porque está suponiendo una campaña de concienciación en nuestra sociedad sobre nuestros comportamientos sociales, porque el edadismo no es algo que venga dado solo por las administraciones públicas o las leyes. Tenemos unas limitaciones por edad en todos los ámbitos de la vida pública, pero también somos edadistas en nuestra vida cotidiana”, resaltó la ponente, para afirmar la necesidad de una convención de protección de los derechos de las personas mayores, ya que las convenciones son “un motor de cambio cultural y social”.
La experiencia, “pura retórica”
Después de las ponencias hubo espacio para el turno de comentarios y preguntas, en el que se trató, por ejemplo, una posible reforma constitucional en su artículo 50. Artículo que dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. “Identificar las personas mayores sólo como sujeto de necesidades, que lo son (todos somos sujetos de necesidades) está bien, pero al solo identificar esa parte, parece que hay una exclusión de todo lo que son las personas mayores como sujetos de todos los derechos”, respondió Fernando Flores.
También se apuntó al edadismo que existe en el Derecho Civil, ya que, una indemnización es menor si le rompes la pierna a una mujer mayor y con discapacidad que si lo haces a una persona joven en perfecto estado de salud. También se hizo mención al hecho de no poder adoptar pasados los 45 años, o a las dificultades que experimentan los mayores en contratos de alquiler o compraventa, los contratos de seguros de vida o el acceso a hipotecas.
Puedes acceder a la grabación íntegra del webinar en este enlace.
