En los últimos meses, diversas entidades conservacionistas han solicitado al Ministerio Fiscal una investigación sobre las actuaciones seguidas por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ante la posible comisión de diversos tipos penales: falsedad documental, delito contra los recursos naturales, prevaricación y malversación de caudales públicos.  

Así, la Agencia Europa Press ha informado que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante las denuncias de las asociaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar por el asfaltado de la vía pecuaria Colada de Vera en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que conduce al hotel de Azata del Sol.

En este caso, la reclamación se refiere no solo a la actuación en sí, sino también a su financiación, ante la posibilidad del uso de fondos públicos.

Denuncias ecologistas

Según una nota de prensa de Greenpeace, la zona asfaltada se encuentra en una servidumbre de protección que delimita la Ley de Costas y del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por lo que el hecho podría ser constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325 y siguientes del Código Penal.

En cuanto a la financiación comunitaria, se ha pedido al Ministerio Público que investigue si el Ayuntamiento aportó documentación falsa con el fin de acceder a subvenciones europeas y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde la asociación se indica que, para el Ayuntamiento, las obras consistirán en “la conservación del Camino de Santiago y una vía pecuaria, según reza el cartel anunciador" que se vislumbra al inicio de la vía "cuando realmente han supuesto la completa desaparición de ambos, sin señalización alguna de que por allí pasaba la Colada de Vera y el Camino de Santiago".

Asimismo, se solicita la presunta comisión de un delito de prevaricación, pues la resolución de "asfaltar con dinero público esta zona protegida" se habría adoptado "por motivos ajenos a la realidad de los hechos y con fondos cuya finalidad es la contraria".

Greenpeace concluye que el uso de los fondos públicos tuvo como causa "beneficiar a un particular mejorando los accesos a una obra ilegal pendiente de ser demolida", lo que podría incurrir en un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 y siguientes del Código Penal.

"Todo parece indicar que el Ayuntamiento de Carboneras no acata las sentencias judiciales que llevan a la ineludible demolición del hotel ilegal más tristemente famoso de toda la costa española. Todo lo contrario, parece que sigue tratando de legalizarlo. Ahora nos sorprende con el asfaltado de los accesos al inmueble. Esperamos que la Fiscalía de Medio Ambiente no permita este atropello", ha declarado la responsable de campañas Greenpeace, María José Caballero.

Justificación del Consistorio

La denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción y Amigos de Parque apunta que las obras que servirían para "mejorar los accesos al hotel" se habrían llevado a cabo por parte del Consistorio "utilizando la disculpa de que los bañistas habían solicitado su asfaltado".

En este sentido, las entidades aportaron un vídeo difundido por el propio Ayuntamiento de Carboneras el 19 de julio del pasado año en el que se puede observar que "en la playa de más de un kilómetro de larga hay poco más de una docena de coches incluidos los de los residentes en las viviendas anejas al hotel".

Asimismo, se incluyen una publicación del propio Consistorio en la que señala que las obras "las ha hecho la Diputación Provincial por iniciativa municipal a petición de los usuarios de esta playa desértica", de modo que también dirigen su denuncia contra la institución provincial. En la mencionada publicación el Ayuntamiento anunció que había completado el asfaltado de la carretera de la playa de El Algarrobico a través de una actuación que abarcaba desde La Galera hasta la Rambla del Río Alías con una inversión de casi 30.000 euros.

Las asociaciones ecologistas afirman en su denuncia que para financiar las obras el Ayuntamiento de Carboneras habría recurrido "a los fondos europeos y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación" mediante el "engaño" de que la obras iban a ser utilizadas para "conservar y señalizar la vía pecuaria y el Camino de Santiago que trascurren por delante del hotel".

"El denunciado ha asfaltado a sabiendas una vía pecuaria y el Camino de Santiago", han aseverado al considerar que la zona asfaltada "está dentro de la servidumbre de protección de costas y del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar", lo que "puede ser constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".

Del mismo modo, inciden en el posible uso de fondos europeos para efectuar estos trabajos que, en la práctica, suponen la "completa desaparición" de la vía pecuaria y el Camino de Santiago, "ambos sin señalización alguna" de su presencia, por lo que también solicitan que se investiguen los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, al entender además que con ello se habrían mejorado los accesos al hotel.