La cultura del respeto debe ser el principal referente en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y es por ello por lo que es preciso profundizar en esa cultura del respeto a los profesionales en el día a día de los tribunales y juzgados españoles. Así lo ha expresado, este jueve 19 de octubre, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en la inauguración de la XV edición de Jornadas de las Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), que este año se celebran en Córdoba.
Ortega ha avanzado que el Consejo General continúa evolucionando el procedimiento para homogeneizar el amparo colegial en todos los Colegios de la Abogacía y ha apostado por continuar extendiendo la utilización del Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justicia.
En la misma línea, el presidente de la CRAJ del Consejo General y decano del Colegio de Barcelona, Jesús Sánchez, ha enfatizado la necesidad de continuar trabajando en el ámbito de las relaciones con las autoridades judiciales y de continuar tejiendo acuerdos para mejorar el funcionamiento del servicio público de Justicia. Sánchez ha narrado el largo camino recorrido por las CRAJ desde su creación y ha apostado por que todos los colegios, incluso los de menor tamaño, desarrollen las actividades propias de las CRAJ para generar las mejores relaciones posibles con los responsables de los diferentes órganos judiciales.
En la inauguración también han participado el decano del Colegio de Córdoba, Carlos Arias, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de la Abogacía (CADECA), Federico Fernández, quienes han destacado la importancia y los avances que el trabajo de las CRAJ andaluzas están consiguiendo en los últimos años.
En la sesión centrada en el amparo colegial, la presidenta de la Comisión de Defensa de los Intereses Profesionales de la Abogacía y decana del Colegio de Vigo, Lourdes Carballo, ha defendido la eficacia de este instrumento y ha pedido que los colegios estimulen a los profesionales a que presenten una queja por la vía institucional cuando consideren que no están siendo tratados con la dignidad que corresponde al trabajo que llevan a cabo y que es inherente a la labor de la abogacía.
Por parte del Ministerio Público ha participado el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, quien ha alentado un diálogo más fluido entre profesionales de la abogacía y fiscales, así como una negociación de conformidades que no apure nos plazos y resulte más homogénea. La abogada María Barbancho ha repasado las últimas sentencias europeas sobre el amparo colegial y mostrado su preocupación por la deriva restrictiva en sus interpretaciones con respecto al secreto profesional.
