VERÓNICA REDRUEJO. - España vive un auténtico frenesí legislador. Los datos son cristalinos: en nuestro país se han promulgado al menos 206.777 normas entre 1995 y 2020. El sector más afectado por el incremento de normativas es el manufacturero, así como las empresas más pequeñas y recientemente creadas.
Esta enorme actividad legisladora tiene un reverso negativo: está lastrando el crecimiento de la economía. La profusión de cada vez más normas, de menor calidad y con constantes referencias a otros textos, convierte el cumplimiento normativo en una pesadilla para los empresarios. En especial, para los pequeños. Son algunas de las conclusiones de un reciente informe del Banco de España, bajo el título título The heterogenous effects of a higher volume of regulation: evidence from more than 200k Spanish norms cuyos autores son Juan S. Mora-Sanguinetti, Javier Quintana, Isabel Soler y Rok Spruk.
El documento analiza el impacto económico de la enorme actividad legisladora de las cortes españolas. Los autores han logrado clasificar más de 200.000 regulaciones adoptadas a nivel regional para 13 sectores de la economía española y concluyen que este exceso normativo deriva en problemas en la economía del país, ya que al exigir más requisitos las empresas tienen mayor probabilidad de abonar sanciones a las administraciones por incumplimiento, y, por tanto, afectar de manera negativa a la economía de la sociedad en cuestión.
Lastre económico
Según los cálculos de los investigadores, un aumento del 10% en las nuevas regulaciones está relacionado con una caída relativa del 0,5% en el número de trabajadores empleados por empresas con menos de 10 empleados. En otras palabras, un mayor volumen de regulación impone una carga extra a las empresas pequeñas, menos experimentadas. Dicho efecto negativo, sin embargo, no es tan evidente entre las grandes empresas, más impermeable al exceso regulatorio.
Asimismo, los investigadores sostienen que, desde el punto de vista económico, un exceso de administraciones con poder regulador suele cristalizar en un mayor coste para las empresas. Y añade que "la ignorancia del derecho no excusa a nadie". Por tanto, el incremento de las regulaciones, junto con la posible falta de coordinación entre las administraciones, hace aumentar la probabilidad de incumplimiento por parte de los agentes económicos. Esto es, un elevado número de regulaciones puede implicar un aumento de probabilidades de tener que pagar sanciones administrativas por quebrantamiento.
Acceso al mercado
Otra conclusión que alcanzan los analistas del Banco de España es que un exceso de regulación se traduce en barreras para acceder al mercado para nuevas empresas. Lo que, a la postre, aflora en un menor número de sociedades en el escenario empresarial.
En concreto, el informe muestra que un sector situado en una región que se enfrenta a un 10% más de nuevas regulaciones reduce el empleo en el año siguiente en un 0,28% con respecto a la misma actividad situada en cualquier otra comunidad. De la misma forma, este incremento disminuye la tasa de entrada de un ámbito en torno a 1,7% puntos. Por ejemplo, si Andalucía y Cataluña (las dos comunidades autónomas con mayor volumen de regulación) tuvieran el mismo número de regulaciones que Madrid o el País Vasco (las dos comunidades autónomas con menor volumen de regulación), las primeras tendrían un 1,41% más de empleo y un 0,25% más de empresas.
Industrias y sectores
Los investigadores dividen la regulación española en 13 sectores de economía, en base al esquema de clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la agricultura, el comercio, la construcción, la energía y el agua, las actividades financieras, la manufactura ligera, el turismo y la hostelería, las industrias extractivas, la información y las telecomunicaciones, las actividades profesionales, la inmobiliaria, el transporte y la recreación y el ocio. Aunque dentro de estas se focalizan en tres grandes grupos: agricultura, manufactura y servicios, siendo los servicios y la agricultura están más regulados.
Sin embargo, aunque es el menos regulado, el manufacturero es uno de los nichos económicos más sensibles a los vaivenes legales. Lo que "puede depender de su mayor dependencia de la inversión en capitalización, especialmente de la inversión intangible", pues este capital "puede ser más difícil de regular y proteger", señalan los autores.
