Este jueves tuvo lugar la presentación del último informe anual del Observatorio de la Actividad de Justicia, el trabajo anual de la Fundación Aranzadi LA LEY que sirve de termómetro para la salud de nuestra Administración de Justicia. El acto se celebró en las oficinas de Uría Menéndez en Madrid.

El informe, que puede descargarse en este enlace, y que analiza los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial mediante tecnologías de Inteligencia Artificial a través de la herramienta de analítica jurisprudencial Jurimetría, refleja que el 2022 no fue el año en el que la Administración de la Justicia cogió ritmo. Analizando una serie de indicadores, como la carga de trabajo de los jueces, la predictibilidad, la pendencia, las listas de espera o el volumen de resoluciones, el documento refleja que los tribunales estuvieron más colapsados, asumieron una mayor carga de trabajo y las listas de espera se cronificaron.

A la luz de estas conclusiones, Jesús Remón, presidente de Uría Menéndez, tomó la palabra para remarcar que "la calidad institucional y la seguridad jurídica es un valor económico", sin embargo, "la diversidad de resoluciones en casos similares está generando inseguridad". Y es un problema que la administración española debe solucionar. "Vivimos en un mundo con muchas y muy malas leyes. Se ha impuesto una concepción legislativa del Derecho y cuando cambian los gobiernos cambian las normas. Se ha perdido la estabilidad normativa", lamentó Remón.

En el acto intervino la presidenta de la Fundación de Aranzadi LA LEY, Cristina Sancho, quien agradeció a Santander su patrocinio en este trabajo, fundamental para lanzar al sector y a la sociedad "un informe de alto valor añadido, siempre con el foco puesto en la mejora de nuestro sistema judicial", remarcó.

Predictibilidad

En el evento, que reunió a reconocidas personalidades del sector jurídico, tuvo lugar una mesa redonda donde se debatió sobre el grado de predictibilidad de la justicia española y cómo este puede influir sobre la economía. Según las conclusiones de los investigadores, la baja predictibilidad de los órganos jurisdiccionales patrios lastra el emprendimiento en un 7%. El crecimiento de las empresas podría aumentar hasta un 2,8% con un mejor rendimiento de la justicia.

"Tenemos un problema", resumió Miguel Pasqual de Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y uno de los investigadores que participó en este informe. "No es algo puntual. En los últimos años asistimos a una insaciabilidad de la demanda de servicios judiciales, y al mismo tiempo, a una incapacidad sistémica para dar respuesta a esta demanda", resumió el magistrado. Y añadió: "Hay demasiados cambios y demasiado rápidos. A los tribunales les resulta difícil sentar jurisprudencia, con cada vez más problemas y más novedades. Es cada vez más difícil encontrar criterios jurisprudenciales asentados".

Por su parte, y analizando la vis económica del asunto, el abogado y economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti, afirmó que un buen sistema judicial debe ser "rápido, no costoso, previsible, y fiable, en términos de integridad". "Si las partes pueden esperar distintas resoluciones de un mismo tipo de conflicto, habrá más conflictividad". En España, cerca del 8% de las sentencias de primera instancia se recurren. "Nadie está en contra al derecho fundamental a acceder a la justicia", dejó claro el economista, que dijo hablar en su propio nombre y no en el del Banco de España; el problema, afirmó, surge cuando "litigamos por circunstancias que no están justificadas".

La mesa estuvo moderada por Cristina Retana, directora de contenidos e innovación de Aranzadi LA LEY, quien a la luz de los datos confirmó la tendencia desde la pandemia a "un aumento de la litigación y de los casos". Sin embargo, remarcó, en España existe "menos capacidad de resolución de asuntos" que "volumen de asuntos se ingresan", es decir, "la tasa de pendencia es mayor". La experta explicó que el informe del Observatorio, que recoge todas estas conclusiones, analiza diez indicadores en base a "los datos del Consejo General del Poder Judicial", pasados por el tamiz de "la herramienta de analítica predictiva Jurimetría, lo que permite dar una visión completa y detallada”.