El sector legal vive una era de profundos cambios. Hay una fecha clave: 2030. En este año, el Ministerio de Justicia se ha propuesto culminar una revolución de la administración orientada al dato y al uso de las herramientas tecnológica. La lista de objetivos a cumplir es larga: desde recortar tiempos de espera hasta acabar con los traslados innecesarios a los juzgados, pasando por mejorar las comunicaciones con las oficinas judiciales o explotar las posibilidades de la analítica profesional.
Este cambio de paradigma afecta, por supuesto, a los cuatro grupos de profesionales del sector: a la abogacía, a la procura, a los graduados sociales y a los profesionales de gestión de conocimiento. En una mesa redonda del Foro de Transformación Digital de la Justicia, que se celebró este jueves en Madrid, representantes de cada colectivo valoraron el avance de la transformación digital por parte del Ministerio de Justicia. Una idea fue compartida: si bien se han dado avances, la sensación es que aún hay mucho camino por recorrer. También peligros que sortear.
«La transformación es ya imparable», reconoció Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), quien valoró el éxito de algunas iniciativas del Ministerio, como la Carpeta Justicia. «Se ha trabajado mucho», reconoció Ortega, pero también hay puntos de preocupación. «No hay que olvidar que el fin no es la virtualidad, sino el medio», remarcó la presidenta del CGAE, y subrayó el desarrollo a distintas velocidades de la implantación de la tecnología «según el territorio o las comunidades».
Por su parte, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, reconoció que «hay gente emocionada por el progreso», que todos los colectivos reconocieron. Si bien, apostillo Estévez, también hay actores que «se desesperan por los fallos». La tecnología ha llegado, los medios existen, pero hay mucho margen de mejora. «La fase tecnológica está todavía sin terminar», si bien «después de un lento progreso, parece que hay cambios y avances».
Avance a distinta velocidad
«La valoración debe ser positiva», apuntó por su parte Juan Fernández, vicepresidente primero del Consejo General de Graduados Sociales de España, señalando varios ejemplos, como «la mejora de la usabilidad de Lexnet o el expediente digital electrónico». Estos cambios «no solo facilitarán la labor de los profesionales», sino también «el día a día de los ciudadanos». La ciudadanía ahora, por ejemplo, puede «conseguir un certificado digital electrónico sin tener que trasladarse a la Notaría», y «el verdadero objetivo hacia el papel cero está cada vez más cerca». Si bien hay margen de mejora, por ejemplo, en la fase probatoria. Y el Ministerio no puede olvidarse de algunas regiones, coincidió Fernández. «Los territorios del Ministerio van a velocidad de AVE, mientras que otras comunidades van en trenes regionales».
Por su parte, Cristina Retana, Directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY, puso el acento en cómo la transformación digital no solo empapa a la Justicia, sino también está calando ya en los bufetes. En especial, dijo, desde la llegada de la inteligencia artificial generativa. En este nicho, la experta remarcó que la inteligencia artificial aún debe evolucionar para «ser capaz de dar respuestas fiables y actualizadas a preguntas jurídicas complejas», para así «evitar alucinaciones» que pueda generar la máquina (esto es, respuestas que parecen correctas pero que, en realidad, son erróneas).
«La inteligencia artificial está entrenada con millones de datos y puede ayudar en muchas tareas en el ámbito jurídico», dijo Retana. El peligro, apostilló, está en alimentar a la máquina con big data que no sea fiable. «No hay una garantía de que estos datos estén actualizados», explicó, y por eso «nosotros trabajamos en alimentar a la inteligencia artificial con bases de datos especializadas y actualizadas», y así «evitar sesgos». Las fuentes de este tipo de chats «deben ser transparentes», subrayó la experta.
