El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que su departamento estudiará las propuestas de las comunidades autónomas para mejorar el modelo de asistencia jurídica gratuita con el objetivo de controlar "de manera más eficaz" las personas que hacen uso de este sistema.

Esta es una de las principales conclusiones que ha extraído el ministro tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada ayer en la sede del ministerio con los representantes de las doce comunidades con las competencias transferidas en esta materia, que, además de pedir una cambio en el modelo de justicia gratuita, han reclamado la competencia sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia.

"Estamos dispuestos a perfeccionar y mejorar el modelo pero no a cambiar nuestro modelo de justicia gratuita", señaló Caamaño, que indicó que hay que lograr un "sistema de calidad" en el que se eviten "duplicidades" y se busque "la eficiencia", pero que garantice "siempre" el derecho de los ciudadanos que carecen de recursos.

El ministro ha explicado que analizarán posibles modificaciones de la ley que mejoren la calidad del servicio, que racionalicen el modelo y que permitan una mayor eficiencia y una reducción de costes administrativos y de gestión, si bien ha insistido en que se hará "sin tocar algo que forma parte de los derechos básicos de los españoles".

Según Caamaño, lo que se pretende es que no puedan beneficiarse del sistema "quienes no acrediten que carecen de recursos".

"Por tanto", señaló, "verificar y contrastar mucho más los datos de las personas, sus patrimonios, sus rentas de manera más eficaz que, probablemente, como lo venimos hoy haciendo, si es que en algunos de esos aspectos es necesario mejorar ese tipo de controles".

En cuanto a la reclamación de las CCAA de la competencia sobre el personal no judicial de la Administración de Justicia, el ministro explicó que las comunidades van a crear un grupo de trabajo que presentará a Justicia antes de que finalice febrero una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se contemplará esta modificación.

Caamaño mostró su disposición a trasladar al Parlamento esa propuesta, aunque supeditó la aprobación de la reforma a que la propuesta obtenga el "máximo consenso posible" entre todas las fuerzas políticas.

Las autonomías quieren poder aprobar la oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, nombrar a los funcionarios que superen las pruebas, impartir la formación inicial, aprobar las relaciones de puestos de trabajo, gestionar la promoción interna y el registro de personal y ejercer la potestad disciplinaria.

Sobre este aspecto, el consejero de Justicia cántabro, Vicente Mediavilla, se ha mostrado "relativamente optimista" ante la postura del Ministerio y ha manifestado que, como la propuesta contará, inicialmente, con el acuerdo de las doce CCAA con competencias en Justicia "no tendría que ser difícil mantener el consenso".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, señaló que las propuestas del ministro sobre el sistema de asistencia gratuita van en la "mala dirección" porque "pone en grave riesgo" este derecho para los que "verdaderamente lo necesitan" debido a su situación económica.