La mayoría de las editoriales jurídicas presentaron el pasado 21 de enero el anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, y al cabo de una semana los magistrados han iniciado la admisión a trámite de la solicitud.

Entre las entidades que apoyan la impugnación del Reglamento están la Federación del Gremio de Editores y grandes editoriales como La Ley (Grupo Wolters Kluwer), Lex Nova, Thomson Reuters Aranzadi o Editorial Bosch, entre otras. 

El Derecho Editores por su parte, apoya el Reglamento considerando beneficioso la regulación del mercado de las editoriales jurídicas.

El Reglamento en vigor recoge el concepto de entidades reutilizadoras para referirse a las personas físicas o jurídicas que empleen las sentencias para crear un valor añadido y distribuirlas a terceras personas. Afecta a las editoriales jurídicas y proveedores de sentencias y bases de datos jurídicas en general. La norma establece la obligatoriedad de obtener una licencia que fije el uso permitido, y regula el pago que se venía haciendo hasta la fecha por cada resolución por medio de un precio público.

El Consejo General del Poder Judicial considera razonable el precio fijado en atención a los costes de recopilación, conversión de formato, eliminación de datos personales y puesta a disposición de las sentencias y otras resoluciones judiciales, ofreciendo a las empresas interesadas podrán solicitar el cálculo de los costes.

En opinión de las editoriales, dicho estudio económico no se ha hecho público, considerando también excesivo el régimen sancionador y otras limitaciones impuestas por la norma.

Las grandes editoriales se lamentan del escaso eco que tuvieron sus propuestas durante la tramitación del Reglamento por el CGPJ. El excesivo y exigente régimen sancionador establecido en la norma es otro de los motivos del recurso.