La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) expresó el viernes, 15 de noviemmbre su preocupación acerca de una disposición incluida en el reciente proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, aprobado esa semana en el Congreso de los Diputados. Esta medida podría permitir que juristas que habitualmente actúan como jueces sustitutos accedan a la carrera judicial "por la puerta de atrás".

La disposición en cuestión es la final decimonovena nonies (nueva), que según se detalla, busca "acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal".

La disposición encarga al Gobierno que en "en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley" presente en las Cortes Generales "un proyecto de ley orgánica para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

El proyecto de ley también tiene como objetivo ajustar el régimen retributivo y de seguridad social de los magistrados suplentes y jueces sustitutos a los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y en la jubilación, tal como se indica en el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Congreso aprobó el proyecto el pasado jueves, y ahora se trasladará al Senado, donde se espera que se convierta en ley y entre en vigor en enero.

Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, manifestó ante los medios durante la clausura de la 38ª asamblea general de la asociación que existe una gran preocupación en cuanto a esta disposición, porque esto "supone la posibilidad de que magistrados suplentes y jueces sustitutos puedan entrar por la puerta de atrás a la carrera judicial".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz explicó que el trasfondo de esta disposición se origina en una reciente sentencia del TJUE relacionada con jueces italianos, que prohibió la práctica de encadenar contratos en la administración pública. Esto impulsó la demanda de aproximadamente 900 magistrados suplentes y jueces sustitutos para que su situación laboral se considere como personal indefinido.

Oliva apreció este objetivo en la citada disposición porque alude a la jurisprudencia europea y por la equiparación en el régimen de seguridad social, ya que el de jueces y magistrados es un régimen especial.

Un sistema basado en el mérito y la capacidad

El portavoz recordó que "el sistema de oposición actual, tanto por el turno libre como por el del cuarto turno, son sistemas que garantizan la independencia, la imparcialidad, el mérito, la capacidad, la igualdad de los jueces y de las juezas que integran la carrera judicial". "Y, por tanto, exigiremos que no se pueda producir este fenómeno de entrada por la puerta de atrás y perturbar los principios constitucionales que caracterizan la carrera judicial", siguió.

A ello añadió, en sus declaraciones a la agencia de noticias, que la consolidación de las 900 plazas implicaría una reducción de las posiciones disponibles en el sistema de oposición, lo que afectaría negativamente las oportunidades del amplio número de opositores que aspiran a ingresar a la carrera judicial y fiscal.