El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero, cuyo objetivo es fomentar la innovación en el ámbito financiero mediante la integración de nuevas tecnologías, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de seguridad tanto para las entidades como para los clientes. Este anteproyecto se complementa con dos Reales Decretos, formando un paquete regulador integral para la modernización del sector.

Este marco normativo incorpora diversas directivas y reglamentos europeos al ordenamiento jurídico español y modifica normas nacionales con el fin de incentivar la digitalización, promover la competencia y aprovechar las oportunidades que presenta el nuevo entorno tecnológico. Todo ello se realiza bajo un marco que busca mitigar riesgos, generar confianza entre los usuarios y preservar la estabilidad financiera.

El anteproyecto ha sido elaborado en colaboración con el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como otros organismos interesados en la digitalización del sector.

Garantizar la ciberresiliencia

La incorporación de nuevas tecnologías en el sector financiero conlleva importantes cambios debido a la aparición de nuevos actores y la adopción de innovaciones. Para asegurar un desarrollo adecuado, es fundamental garantizar la resiliencia operativa y digital de todos los participantes en el sistema financiero.

En este contexto, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad en la política financiera, especialmente ante el creciente uso de nuevas tecnologías. Es imperativo que los sistemas e infraestructuras estén protegidos y preparados para enfrentar posibles disrupciones y ciberataques, asegurando así un funcionamiento ininterrumpido del sistema financiero.

Entre las medidas destacadas del anteproyecto se incluyen la implementación de un régimen sancionador para los incumplimientos del Reglamento europeo sobre resiliencia operativa y digital (conocido como Reglamento DORA) y la adaptación de las obligaciones de ciberresiliencia para operadores de sistemas de pagos, procesadores de pagos y esquemas de pagos. Aunque estas entidades no están sujetas al Reglamento DORA, se ha decidido incluirlas en la normativa española desde diciembre de 2023 para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de pagos.

Desarrollos para la normativa sobre criptoactivos

El anteproyecto también contempla los desarrollos necesarios para implementar el Reglamento MiCA y toda la normativa europea relacionada con criptoactivos. Para ello, se actualizará la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, asegurando su cumplimiento por parte de las entidades que ofrecen servicios de criptoactivos.

Además, se permite que las entidades que ya prestaban servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor del Reglamento continúen haciéndolo sin autorización hasta el 30 de diciembre de 2025, un plazo decidido en España que acorta en seis meses el periodo transitorio de MiCA. Asimismo, se establece que la CNMV asumirá el registro de proveedores de ciertos servicios de criptoactivos.

Potenciar el uso de tecnología de registros distribuidos en los mercados de capitales

La tecnología de registros distribuidos (Distributed Ledger Technology, DLT por sus siglas en inglés) no solo ha facilitado el surgimiento de criptoactivos, sino que también tiene el potencial de transformar los mercados de capitales al ofrecer ventajas significativas en términos de eficiencia en la emisión, negociación y distribución de instrumentos financieros tradicionales como acciones y bonos. Uno de los Reales Decretos asociados al anteproyecto incluye disposiciones para la representación de instrumentos financieros en DLT.

Actualización del funcionamiento del sandbox financiero

La ley también moderniza el funcionamiento del sandbox financiero en España, que se ha consolidado como una herramienta valiosa para la innovación tecnológica y jurídica en el sector. Con base en la experiencia acumulada durante cuatro años, se proponen varias mejoras para facilitar el acceso al sandbox, entre las que se destaca la posibilidad de que los promotores presenten sus proyectos en cualquier momento del año y avancen en la tramitación hasta su admisión. Se busca fomentar una mayor interacción entre promotores y supervisores, reducir las cargas administrativas relacionadas con la participación en el sandbox y aumentar la visibilidad de los proyectos a través de convocatorias temáticas.

Modernización de los servicios de pago

El anteproyecto introduce novedades en la regulación de los servicios de pago y los sistemas de pago, con el objetivo de modernizar el marco jurídico y fomentar la competencia.

En este sentido, se adapta el ordenamiento jurídico al Reglamento europeo de pagos instantáneos, permitiendo que nuevos actores, como entidades de pago y de dinero electrónico, puedan participar directamente en los sistemas de pago (Iberpay), lo que equilibra las condiciones para todos los participantes. Además, se propone al Banco de España como la autoridad competente para supervisar que las administraciones públicas cumplan con la obligación de aceptar pagos desde cuentas extranjeras, y se moderniza el régimen de Iberpay para alinearlo con las infraestructuras del entorno.

Facilitar el acceso a la información financiera

Por último, se modificará la normativa financiera sectorial para adaptarla a la creación del Punto de Acceso Único Europeo (PAUE), estableciendo las condiciones técnicas para la información a enviar. Este repositorio común contribuirá a aumentar el conocimiento del mercado financiero y a estandarizar la información, mejorando así las condiciones de financiación para emisores y empresas que deseen hacer accesible su información a todo tipo de inversores, en un formato digitalizado, estandarizado y legible por máquinas. Se espera que esto beneficie especialmente a los emisores de menor tamaño, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a información estandarizada en la actualidad.