La Fiscalía ha solicitado la apertura de una investigación sobre la gestión del Consell, liderado por Carlos Mazón, en relación con la DANA del 29 de octubre, que resultó en 223 víctimas mortales, tres desaparecidos, 80 localidades de la provincia de Valencia afectadas y daños materiales que ascienden a millones de euros.
Según ha informado El País y confirmado por fuentes fiscales a Europa Press, el ministerio público apoya la investigación sobre la posible responsabilidad del presidente de la Generalitat en la gestión de la DANA.
Esta postura se ha dado a conocer tras la solicitud de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que la semana pasada le dio un plazo de dos días para emitir un informe sobre la competencia del TSJCV en este asunto y la admisión o inadmisión de los escritos presentados por las partes.
La Sala ha decidido acumular en un solo caso las siete denuncias y querellas interpuestas hasta el pasado 13 de diciembre contra Carlos Mazón por su gestión durante la DANA, al considerar que todas abordan "sobre los mismos hechos". La Fiscalía sostiene que la investigación debe ser única y colectiva.
La resolución judicial, que admite la posibilidad de recurso, se remite a la decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal, compuesto por la presidenta de la Sala y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y otros cuatro magistrados, de acuerdo con las normas de distribución.
Las denuncias y querellas contra Mazón incluyen una presentada por Iustitia Europea, dos del sindicato CGT, dos de abogados y otras dos de particulares. También se archivó una denuncia anónima que no contenía nombre ni representación legal, según fuentes del alto tribunal valenciano.
Entre las querellas destaca la interpuesta por Iustitia Europa. Una de las denuncias del CGT fue presentada inicialmente ante la Fiscalía Provincial por un delito contra los derechos laborales y posteriormente enviada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV tras conocer la existencia de la querella anterior. Además, una de las denuncias de abogados también señala a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
En el ámbito penal, la Audiencia Provincial está pendiente de resolver una cuestión de competencias entre los Juzgados de Instrucción número 15 y 20 de Valencia. Esta cuestión se origina a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Aemet y la Agencia Valenciana de Emergencias. El Juzgado número 15 se inhibió a favor del número 20, que fue el primero en abrir diligencias por el fallecimiento de una persona durante las inundaciones. Sin embargo, este último juzgado rechazó la inhibición, considerándola "prematura" y sin un "nexo causal" evidente entre la denuncia y el fallecimiento de un vecino del barrio de La Torre durante la noche de la inundación. Por lo tanto, será la Audiencia de Valencia la que decida qué instancia debe llevar la instrucción.
Además, a mediados de noviembre se registró una querella contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presentada por la organización Hazte Oír, que fue inadmitida por un defecto formal en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia. Esta decisión se basó en la falta de un poder especial, lo que la parte querellante ha recurrido.
Recurso por inacción
Por otro lado, el alto tribunal valenciano ha recibido un recurso contencioso-administrativo presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Este recurso estaba a finales de noviembre admitido a trámite y en tramitación y, conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, se mandó oficio a la Administración demandada para que remitiera los expedientes administrativos.
Asimismo, en otro recurso por la misma vía, interpuesto por Liberum y que solicitaba medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró incompetente para resolver, dado que el recurso iba dirigido contra el Gobierno central, por lo que se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
