Este acuerdo, fruto de una intensa negociación y marcado por la austeridad presupuestaria, mantiene el umbral asistencial para todo el colectivo de la Administración de Justicia (asistencia sanitaria, farmacéutica y diversas prestaciones económicas y sociales). La contención del gasto farmacéutico derivado de las recientes medidas de ahorro impulsadas por el Gobierno ha permitido un aumento de la prima de un 1,03 por ciento, así como hacer frente a un notable incremento del colectivo protegido.

En consecuencia, en 2012 se mantienen las mismas condiciones  contractuales, asegurando a los mutualistas un amplio abanico de elección entre seis compañías (Asisa, Caser, DKV, Mapfre, Sanitas y Segurcaixa Adeslas), más allá del que disponen las otras mutualidades de funcionarios, lo cual es una seña de identidad del modelo del mutualismo administrativo.

El colectivo de la Administración de la Justicia podrá optar en el próximo mes de enero por recibir la asistencia sanitaria a través de cualquiera de las citadas  compañías o a través de los servicios de salud de las comunidades autónomas.