El Parlamento Europeo ha convocado a la presidencia danesa a un debate de urgencia durante la sesión plenaria que tiene lugar la semana que viene en Estrasburgo, para que explique los motivos por los que el Consejo trata de apartar a los eurodiputados de una iniciativa relativa al área de libre circulación Schengen. La Eurocámara está considerando la posibilidad de emprender acciones legales.
"En una Unión de Estados y ciudadanos, es perturbador ver a los gobiernos nacionales buscar la forma de excluir a los representantes de los ciudadanos en asuntos relacionados con los derechos individuales", declaró el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, tras hacerse pública la decisión del Consejo. Schulz subraya que "la libertad de circular en un área sin fronteras interiores es uno de los pilares de la Unión Europea, uno de sus beneficios más tangibles, y el Parlamento Europeo luchará para fortalecerlo".
Contexto
El pasado 7 de junio, los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de los Estados miembros decidieron modificar la base legal de una propuesta de la Comisión Europea relativa a un nuevo mecanismo de evaluación para Schengen. Según el acuerdo alcanzado por el Consejo, ya no sería necesario el visto bueno de la Eurocámara para la entrada en vigor de proyectos legislativos, lo que significa que esta institución pasaría de tener un papel de co-legislador a simplemente tener que ser informada.
Además, en lugar de que el PE y la Comisión ejerciten sus habituales tareas de supervisión, en nombre de los ciudadanos, sobre decisiones de gran calado, los Estados miembros podrían (siempre según lo acordado por los ministros de los Veintisiete) ignorar las puntualizaciones y mejoras planteadas por los eurodiputados. Además, la decisión fue tomada cuando aún continúan las negociaciones con el resto de instituciones europeas.
Consecuencias
La principal consecuencia del acuerdo alcanzado en el Consejo sería que el resto de instituciones europeas ya no realizarían un escrutinio independiente de los controles fronterizos, lo que podría abrir la puerta a eventuales abusos del sistema. También daña la cooperación del Consejo con la Comisión y el Parlamento, ya que no se les consultó antes de cerrar el acuerdo, lo que, en definitiva, dificultaría la creación de nueva legislación Europea. Por ello, el Parlamento Europeo estudia qué acciones legales emprender.
Reacciones
En un comunicado, el vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y el portugués Carlos Coelho, ponente en la Eurocámara del informe sobre un mecanismo de evaluación de Schengen, subrayaron que "con esta decisión, el Parlamento no volverá a ser incluido en el proceso de toma de decisiones, lo que llevaría a que éstas fueran tomadas de forma poco transparente por burócratas secretistas o círculos cerrados".
Por su parte, el presidente del grupo de los Socialistas y Demócratas, el austriaco Hannes Swoboda, remarcó que "no se trata simplemente de una disputa legal entre los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE; se trata de defender una libertad fundamental de los ciudadanos europeos".
Estrechez de miras
Guy Verhofstadt, líder del grupo liberal en la Eurocámara, aseguró en otro comunicado que "se acaban de materializar todos nuestros miedos y preocupaciones", ya que "al tomar esta decisión, el Consejo envía una señal clara en el sentido de que encontrarán cualquier excusa para cerrar las fronteras, igual que cierran filas contra nosotros".
Tampoco el presidente del grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Daniel Cohn-Bendit, aplaudió la decisión de los gobiernos. "El sistema libre de fronteras de Schengen es transnacional en su concepción y objetivos, y por tanto es lógico y esencial que cualquier decisión sobre reintroducir temporalmente los controles fronterizos esté sujeta a una aprobación a escala europea, y no que se deje al capricho y la estrechez de miras de Estados miembros concretos".
