El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La norma obliga a todos los poderes del Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas a contestar cualquier petición de información de cualquier ciudadano que no entre en conflicto con otro interés protegido.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la norma, que recoge la mayoría de las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y por la Agencia de Protección de Datos, ha ganado "en rigor y fortaleza" y supone una "nueva filosofía de lo público".

Están sujetos a la Transparencia los órganos constitucionales y también las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más del 50%. Los Ministerios tendrán que publicar en sus páginas web toda la información en el ámbito de los convenios. Además se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, según ha explicado Sáenz de Santamaría.

Asimismo ha avanzado que quien falsee las cuentas públicas, quien oculte datos de esas cuentas y cause un perjuicio económico a la Administración podrá ser castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitado por un periodo de tres a diez años.
Lucha contra el fraude fiscal

El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social para endurecer las penas contra las conductas más graves.

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno va a reaccionar con más contundencia contra el que cometa fraude fiscal cuando la cuota defraudada supere los 600.000 euros, cuando el fraude se haga a través de una organización o banda criminal y cuando se usen testaferros o negocios fiduciarios. En estos casos la pena se eleva a seis años y la prescripción del delito a diez. "Más tiempo en la cárcel y más tiempo a la Administración Tributaria para perseguir a estos grandes defraudadores", ha señalado.

Además, se endurecen las penas por defraudar a la Seguridad Social. Se reduce la cuantía mínima de la defraudación, que pasa de 120.000 euros a 50.000 euros, y se incluye dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita en un periodo de cuatro años.

También se agravarán las sanciones contra quienes empleen a trabajadores de forma masiva con carácter irregular o extranjeros sin autorización laboral.
Lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que se enmarca en el Plan aprobado el pasado 27 de abril.

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que se amplía de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación y se potenciará la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con otros organismos que tienen datos de las empresas.

Será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y por las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Se considerará muy grave dar ocupación a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos u ocuparles a tiempo completo cuando tienen una reducción de jornada, así como comunicar fuera de plazo o no comunicar variaciones de datos a la Seguridad Social.
Reforma de las tasas judiciales
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros, frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.
Confianza en lo público y cambio de mentalidad en lo privado

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que las reformas legales aprobadas hoy tienen como objetivo fundamental llevar a cabo una tarea de la recuperación de la confianza y la credibilidad en las administraciones públicas.

Suponen, según Sáenz de Santamaría, "un cambio de mentalidad de cómo debemos funcionar los cargos, las autoridades y los funcionarios públicos, de forma transparente, dando información sobre nuestro trabajo, sobre los actos administrativos que se adoptan y cómo se adoptan, y respondiendo con un régimen de infracciones y sanciones de los errores e incumplimientos que podamos llevar a cabo".

Además, implican un cambio en la mentalidad de lo privado. Según la vicepresidenta hay que acabar en España con la visión tolerante del que defrauda, del que no paga sus impuestos y emite facturas sin IVA. "Nadie puede ir de listo por la vida, sin pagar impuestos, tratando cobrar subvenciones o prestaciones mientras trabaja y pensando que ha conseguido burlar al resto de los ciudadanos y a las administraciones públicas", ha dicho.
Nombramientos

El Consejo de Ministros ha nombrado a los nuevos responsables de la cúpula militar. A propuesta del ministro de Defensa, Pedro Morenés, el general de Ejército Jaime Domínguez Buj asumirá el mando del Ejército de Tierra, el almirante general Jaime Muñoz-Delgado Díaz del Rio será el nuevo jefe de la Armada y el general del Aire Francisco Javier García Arnáiz ejercerá la jefatura del Ejército del Aire.
Asuntos de actualidad

Preguntada por los datos de la EPA conocidos hoy la vicepresidenta ha respondido que el Gobierno está ocupándose de mejorar estos datos mediante el control del déficit público y realizando reformas estructurales, como, por ejemplo, las aprobadas hoy.

Sobre un hipotético rescate de España por parte de la Unión Europea, Sáenz de Santamaría ha sostenido que "la opción del rescate está descartada".

En cuanto a las declaraciones de Elena Salgado, que dijo haber advertido del volumen del déficit, Sáenz de Santamaría ha puesto énfasis en que la exvicepresidenta  reconoció que había desviación del déficit, pero no dijo de cuánto, a pesar de que reiteradamente se le pidió.

Respecto a las declaraciones de Rodrigo Rato sobre el importe que propuso para salvar Bankia, Sáenz de Santamaría se ha remitido a las cifras dadas por los evaluadores internacionales y a las que den en su momento los auditores.

La vicepresidenta, preguntada sobre el pacto fiscal aprobado por la Generalitat de Cataluña, ha hecho una llamada a la responsabilidad de todos porque lo más importante, a su juicio, es recuperar el nivel de recaudación y los ciudadanos nos agradecerán que centremos nuestros esfuerzos en ello.
En cuanto a la reforma de la legislación del aborto, Sáenz de Santamaría ha dicho que "van a tocarse dos aspectos": la reforma del derecho al aborto en el caso de las menores, en ocasiones sin conocimiento de sus padres, y el cambio de una ley de plazos a una ley de casos. El texto se presentará al Congreso en el próximo periodo de sesiones, ha especificado.