El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado, por 124 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones, la enmienda a la totalidad de IU, ICV-EUiA, CHA al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que será remitido a la Comisión de Empleo y Seguridad Social para continuar su tramitación parlamentaria.

La Cámara rechazó, con 15 votos a favor, 195 en contra y 96 abstenciones, elevar a Pleno esta iniciativa, con lo que, una vez aprobada por la Comisión, pasará directamente al Senado para continuar su tramitación. En caso de que la Cámara Alta apruebe alguna enmienda, deberá volver al Pleno del Congreso para que éste ratifique o rechace estos cambios.

Este proyecto, defendido ante el Pleno por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pretende acabar con determinadas conductas que generan la reducción de los ingresos del sistema de la Seguridad Social, el deterioro de los derechos de los trabajadores y una competencia desleal con respecto a las empresas, los emprendedores y los trabajadores autónomos que sí cumplen con sus obligaciones legales.

Indica, además que, las situaciones de economía y de empleo irregulares deben ser objeto de una permanente persecución por parte de los poderes públicos, que deben reforzar los instrumentos de control en una coyuntura como la actual.

El Ejecutivo considera que esas conductas y esas situaciones atentan contra el principio de solidaridad entre todos los españoles y deben ser combatidas con todos los instrumentos disponibles, de manera que el Estado de Derecho se ponga al servicio y suponga la más firme garantía de nuestro Estado social.

El Grupo Parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución del citado Proyecto de Ley por considerar que presenta carencias destacables y que entra en conflicto con otras políticas del Gobierno, como la Reforma Laboral o los PGE 2013, que contribuirán al deterioro del mercado de trabajo, el incremento del número de personas desempleadas sin ningún ingreso y de quienes trabajan en condiciones precarias, haciendo aún más difícil la tarea de los responsables de velar por el cumplimiento de las normas.